El diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) presentó un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo formal y robusto para recuperar los fondos provinciales que fueron destinados, de manera extraordinaria, a financiar obras o servicios que, por su naturaleza, corresponden al Estado Nacional. La iniciativa, denominada Régimen Provincial para la Recuperación de Recursos Federales, pretende proteger el patrimonio fiscal santafesino mediante un sistema estructurado de auditoría y gestión de créditos.
El eje central de la propuesta es el “Registro Provincial de Erogaciones Extraordinarias”, una herramienta destinada a inventariar y seguir con precisión aquellos gastos que la provincia ha cubierto por cuenta de la Nación. El legislador enfatizó que la mera inclusión en este registro no garantiza automáticamente un cobro inmediato, sino que servirá como un antecedente técnico necesario para fundamentar los futuros reclamos administrativos o judiciales, exigiendo siempre documentación respaldatoria sólida.
Para ejecutar esta política, el proyecto contempla la creación de la Mesa Provincial de Recuperación de Recursos Federales, un cuerpo técnico e interministerial que integrará áreas clave como Economía, Fiscalía de Estado y Contaduría General. Este organismo tendrá la responsabilidad de evaluar la viabilidad jurídica de cada crédito, diseñar estrategias de negociación —privilegiando siempre el diálogo y la cooperación federal— y realizar un seguimiento exhaustivo de los expedientes.
En cuanto a la transparencia, la iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a rendir cuentas semestrales ante la Legislatura sobre el estado de las negociaciones, los acuerdos alcanzados y el destino de los fondos recuperados. Asimismo, establece que cualquier activo que logre ser restituido debe ser reinvertido estrictamente en áreas prioritarias, tales como infraestructura pública, salud, educación y seguridad, prohibiendo expresamente su uso discrecional.
Finalmente, Palo Oliver subrayó la importancia de transformar esta gestión en una política de Estado obligatoria y no en una decisión política coyuntural. El proyecto incluye un régimen transitorio que exige, dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación, una revisión detallada de los convenios y erogaciones de años anteriores, con el objetivo de detener el impacto presupuestario negativo y evitar que la ciudadanía santafesina continúe financiando responsabilidades ajenas.
