En medio de las tensiones paritarias, el gobierno de Santa Fe ha puesto en duda la veracidad de las cifras gremiales que informan sobre el rechazo a las propuestas salariales. La vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, expresó que resulta difícil creer que el 90 % de los docentes haya votado en contra de las medidas oficiales, basándose en la realidad que se observa en el territorio provincial: “Las escuelas están abiertas y las clases se están dictando con normalidad“.
Desde el gobierno provincial enfatizan que la presencialidad observada en los establecimientos educativos contradice directamente la narrativa de los sindicatos. Coudannes subrayó que los docentes, directivos y asistentes escolares están cumpliendo con sus tareas cotidianas, lo que sugiere que la adhesión a las medidas de fuerza anunciadas por los gremios no se refleja en los hechos dentro de las escuelas.
Para garantizar transparencia y eficiencia, la funcionaria recordó que la gestión de Maximiliano Pullaro implementó un sistema de seguimiento y monitoreo de la presentación de declaraciones juradas sobre la prestación de servicios. El cierre de este proceso será el próximo miércoles, fecha en la que el Ejecutivo promete informar los datos oficiales sobre la asistencia, buscando así contrastar las cifras reales de presentismo con los anuncios de los gremios.
“Los sindicalistas tienen su mirada“, sentenció Coudannes, reafirmando que el objetivo del gobierno es asegurar que los estudiantes permanezcan en las aulas estudiando y aprendiendo. Según la vocera, el compromiso de los docentes se demuestra con hechos concretos y con programas como el “Plan Raíz”, alejándose de las posturas de confrontación que, según la gestión, no logran frenar el normal dictado de clases en la provincia.
La controversia pone de manifiesto una grieta profunda entre los gremios y la administración provincial. Mientras los sindicatos sostienen que las medidas de fuerza son contundentes y reflejan un descontento mayoritario, el gobierno de Pullaro elige confrontar estos datos mediante la fiscalización directa y la defensa de la continuidad educativa, posicionándose en una postura de firmeza ante el conflicto docente.
