La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el proyecto que modifica el Código de Convivencia provincial para prohibir y penalizar la actividad no autorizada de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública.
Tras meses de intensas discusiones políticas dentro del frente oficialista Unidos, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la propuesta original impulsada por el senador Ciro Seisas, descartando de plano las modificaciones previas que había sugerido la Cámara de Diputados. Con esta sanción definitiva, el control informal del estacionamiento pasa a tipificarse de manera uniforme en todo el territorio santafesino.
La flamante normativa incorpora los artículos 66 bis, ter y quater a la ley provincial, estableciendo un riguroso esquema de castigos para quienes ofrezcan servicios de cuidado o limpieza de vehículos sin autorización municipal. La primera infracción detectada contempla penas de 2 a 10 días de trabajo comunitario junto a la prohibición de regresar al lugar del hecho. No obstante, ante casos de reincidencia, la ley endurece la respuesta estatal dictando arrestos efectivos de 10 a 20 días, buscando erradicar definitivamente las dinámicas de coerción urbana.
El texto aprobado detalla severos agravantes que duplican las sanciones si existe violencia o amenazas, o si la actividad se ejerce en zonas comerciales, bancarias, escolares y durante eventos masivos. Asimismo, se incluyó de forma inédita la figura de organización criminal para desarticular redes organizadas que lucran con el espacio público, estipulando condenas de arresto que pueden cuadruplicar las penas básicas para los coordinadores y cabecillas. También se penalizará con mayor rigor cuando las conductas se dirijan a personas vulnerables o se efectúen en horario nocturno.
A partir de su promulgación, la aplicación efectiva de la norma quedará en manos de los municipios y comunas, quienes deberán adherir a la ley y actuar como los actores contravencionales exclusivos. Los gobiernos locales contarán ahora con el respaldo legal para solicitar la intervención de la Policía de Santa Fe y actuar de oficio, permitiendo el inmediato desplazamiento de los infractores. Las autoridades aclararon que este cambio normativo representa el inicio de un proceso de regularización a largo plazo, el cual deberá complementarse con abordajes sociales para contener a los sectores vulnerables.
