Lógicamente, hoy toca hablar de lo que inunda todos los medios de comunicación. El caso de Manuel Adorni, el hoy exjefe de gabinete de ministros, ha llegado a un desenlace que muchos veíamos venir, pero que tardó demasiado tiempo en concretarse. Llevábamos más de 100 días discutiendo sobre su situación, y la pregunta que me queda flotando en la cabeza —y que muchos argentinos se hacen con muchísima razón— es por qué se estiró tanto esta agonía política.
¿Qué cosas motivaron al presidente Javier Milei y a Karina Milei a bancar a Adorni a capa y espada durante más de tres meses? Es difícil de entender. Especialmente si repasamos las miles de declaraciones donde el propio presidente afirmaba que ante la mínima sospecha de corrupción actuaría de forma implacable, casi como un sistema persa. Sin embargo, en la práctica, presenciamos una demora que considero inexplicable.
Considero que la opinión pública seria jamás recurrió a los golpes bajos ni se metió con su familia, como él intentó argumentar en entrevistas para limpiar su imagen. Las preguntas de los periodistas eran y son legítimas. Adorni tuvo múltiples oportunidades para disipar las dudas de forma contundente y transparente, pero en lugar de eso, optó por la queja y el relato de la víctima en su carta de renuncia. Se presentó como un perseguido por supuestas operaciones mediáticas, una postura que no genera credibilidad y que daña la narrativa de un gobierno que se autopercibe como “anticasta” y austero.
Esta demora no solo desgastó la imagen del oficialismo, sino que generó un ruido innecesario en un momento donde el foco debería estar plenamente en la gestión y las reformas. Ahora, Javier Milei ha designado a Diego Santilli para ocupar ese espacio. Veremos si este cambio sirve para oxigenar el gabinete o si continuará el mismo libreto.
Lo que queda claro es que la renuncia no lo exculpa de nada. Adorni todavía tiene una causa por presunto enriquecimiento ilícito en marcha y deberá explicar la licitud de sus fondos con total claridad ante la justicia y el fiscal Pollicita. La función pública exige transparencia desde el minuto uno; sostener el capricho político solo amplifica el daño.
