El Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), se encuentra organizando la sexta subasta pública de bienes incautados a organizaciones criminales. El evento tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe durante la segunda quincena de octubre. Recientemente, se llevó a cabo el sorteo de los 20 martilleros titulares y sus suplentes, quienes serán los encargados de llevar adelante el remate con la supervisión de autoridades provinciales.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de esta política de Estado como una herramienta efectiva para “debilitar la economía del delito”. Según el funcionario, el objetivo central trasciende la mera incautación; se busca desmantelar las estructuras financieras que permiten que las organizaciones operen en el territorio. Al quitarles los bienes, el Estado no solo reduce su capacidad de acción, sino que también transforma activos ilícitos en recursos con destino de utilidad social.
La mecánica de la subasta incluye un procedimiento de inscripción obligatoria para los interesados, diseñado para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso. Se realiza un cruce de datos exhaustivo para asegurar que ninguna persona vinculada a las organizaciones criminales de las que se obtuvieron los bienes pueda participar en la compra. Esta rigurosidad ha permitido que, en las ediciones anteriores, se lograra la venta de la totalidad de los artículos ofrecidos.
Los bienes a subastar incluyen automóviles, motocicletas, camionetas, lanchas y propiedades, con precios base fijados entre el 30% y el 40% de su valor de mercado. Las autoridades provinciales califican esta gestión como un acto ejemplificador para el país, demostrando que es posible administrar los bienes secuestrados de manera eficiente, transparente y con un impacto positivo en la comunidad, mientras se golpea la estructura económica de quienes delinquen.
