Por Martín Sperati
Ayer, una vez más, la Argentina se tiñó de guardapolvos, libros en alto y banderas celestes y blancas. Miles y miles de personas —estudiantes, docentes, no docentes, egresados, familias y ciudadanos autoconvocados— colmaron las calles de Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Mendoza y decenas de ciudades más en una nueva Marcha Federal Universitaria.
Las estimaciones superan con creces las decenas de miles solo en las principales capitales provinciales, replicando la masividad de las movilizaciones anteriores. Este no fue un puñado de militantes: fue el país real saliendo a defender uno de sus bienes más preciados.
Y lo hizo con razón profunda. El reclamo central es tan sencillo como irrefutable: el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso de la Nación. Una ley votada democráticamente, que establece parámetros claros de actualización presupuestaria, recomposición salarial y sostenimiento del sistema público. Incumplirla no es una “cuestión de prioridades fiscales”; es una desobediencia institucional que erosiona el Estado de Derecho. Cuando el Ejecutivo elige qué leyes acata y cuáles ignora, no solo lastima a las universidades: debilita la democracia misma.
Es hipócrita hablar de “ajuste responsable” mientras se deja que se desangren las casas de estudio que forman a los profesionales que el país necesita. Salarios docentes licuados, infraestructura que se cae a pedazos, investigación ahogada y hospitales universitarios en riesgo no son “recortes eficientes”. Son un ataque al futuro. La universidad pública argentina, gratuita y de excelencia, ha sido motor de movilidad social y desarrollo durante décadas. Intentar desfinanciarla no es modernización: es miopía.
La masividad de la marcha demuestra que este reclamo trasciende banderías políticas. Miles de argentinos sin afiliación partidaria salieron a decir basta. Porque entienden que una nación que no invierte en conocimiento condena a sus jóvenes a la mediocridad y a sí misma al atraso perpetuo.
Exigimos que se cumpla la ley. Punto. No es un capricho gremial ni un slogan opositor: es el mínimo exigible en un país republicano. La Corte Suprema tiene en sus manos la oportunidad histórica de hacer valer el orden jurídico por encima de las conveniencias del momento.
Ayer las calles hablaron con claridad. Ignorar ese mensaje sería, además de ilegal, un error estratégico de proporciones históricas. La universidad pública no se negocia. Se defiende. Y el pueblo argentino, una vez más, salió a recordárselo a sus gobernantes.
