La Municipalidad de Santa Fe ratificó ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados su intención de avanzar contra la actividad de los cuidacoches y solicitó el acompañamiento de una ley provincial que brinde herramientas más contundentes frente a casos de violencia, extorsión y ocupación indebida del espacio público.
En la exposición participaron el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y el subsecretario de Seguridad y Prevención, Claudio Zapata, quienes detallaron los resultados de la ordenanza municipal que ya prohíbe esta práctica.
Desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, la ciudad implementó un esquema que combina control estricto con un abordaje social profundo. Gracias a ese trabajo articulado entre control, seguridad y programas de inclusión, más de 100 personas que ejercían como cuidacoches pudieron incorporarse a cooperativas de trabajo preexistentes y hoy realizan tareas de mantenimiento en parques, playas y dependencias municipales, dejando atrás la informalidad.
Mastropaolo destacó ante los legisladores que Santa Fe es la única ciudad de la provincia que cuenta con una ordenanza municipal que prohíbe la actividad y subrayó el registro y el sistema de integración diseñado por la gestión: “Hoy tenemos 104 cuidacoches distribuidos en diferentes cooperativas para que tengan una actividad laboral digna”, explicó. Sin embargo, reconoció que la respuesta municipal tiene limitaciones frente a situaciones complejas.
El secretario explicó que la normativa municipal actualmente genera contravenciones —sancionadas con multas o tareas comunitarias— pero se vuelve insuficiente ante la reincidencia, la violencia o la coacción hacia vecinos. Por eso pidió que la Legislatura avance en la modificación del Código de Convivencia para dotar de mayor operatividad a las fuerzas de seguridad y al sistema administrativo en aquellos casos que requieren medidas más firmes.
Finalmente, la Municipalidad remarcó que la estrategia busca combinar oportunidades reales de reinserción laboral con mecanismos que garanticen el orden y la tranquilidad en el espacio público. Mientras se promueve la integración de quienes desean dejar la actividad informal, el pedido a la Provincia apunta a contar con una herramienta legal que permita actuar con mayor firmeza frente a quienes persistieran en conductas violentas o delictivas.
