El exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria y enfrenta un pedido de 10 años de prisión en una megacausa por corrupción estructural. Tras verse cercado por el avance de las pruebas en su contra, Bailaque presentó su renuncia a mediados de 2025, la cual fue aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Esta maniobra le permitió esquivar la destitución por juicio político y conservar su jubilación de privilegio, pero al perder los fueros, la justicia ordinaria activó de inmediato las restricciones penales sobre el exmagistrado.
La acusación penal liderada por el Ministerio Público Fiscal unificó tres grandes ejes delictivos que exponen un desvío criminal sistémico dentro del Poder Judicial. En este marco, la situación de Bailaque se complicó drásticamente tras la confesión de arrepentidos clave, como el extitular de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, quien reveló cómo se armaban expedientes falsos para extorsionar a empresarios por sumas de hasta 200.000 dólares.
Asimismo, la fiscalía probó que el imputado incurrió en lavado de activos y dádivas al adquirir, junto a su esposa, un valioso lote en un country de Funes a mitad de precio, beneficiando a cambio a la empresa vendedora al prescribirle una causa por evasión fiscal.
El tercer y más alarmante componente de la matriz criminal apunta a la protección del narcotráfico en la región de Rosario. En las últimas horas, la causa sumó un cimbronazo definitivo: su contador personal, Gabriel Mizzau, aceptó convertirse en imputado colaborador. La declaración de este nuevo arrepentido hundió al exjuez al aportar información sensible sobre el patrimonio de Bailaque y confirmar que el magistrado demoró de forma deliberada investigaciones clave contra capos criminales como Esteban Lindor Alvarado, facilitando las maniobras de las empresas pantalla que Mizzau auditaba para los narcos.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la validez de todas las actuaciones fiscales, dejando al exmagistrado a las puertas de un inminente juicio oral. Con las apelaciones de la defensa agotadas y el procesamiento firme, el caso se consolida como un hito institucional en Santa Fe. La resolución de este proceso marcará un precedente definitivo en la persecución de la complicidad judicial con el crimen organizado y los delitos de cuello blanco en la Argentina.
