Ante los pronósticos climáticos que advierten sobre el impacto del fenómeno “El Niño” para 2026, la diputada provincial Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) presentó un proyecto para que el gobierno santafesino garantice canales reales de articulación con la comunidad. La legisladora sostiene que la gestión del riesgo de desastres es deficiente si no integra la perspectiva y el conocimiento territorial de los propios vecinos, quienes son los primeros en detectar las vulnerabilidades de sus barrios.
La iniciativa propone la creación de espacios de participación ciudadana donde la población pueda no solo informarse sobre los protocolos de emergencia, sino también aportar datos clave para fortalecer los planes de contingencia. Según Armas Belavi, la prevención efectiva requiere un trabajo colaborativo que combine la capacidad técnica del Estado con la experiencia de quienes habitan las zonas de mayor riesgo frente a posibles inundaciones.
Un pilar central del pedido es el reclamo de transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos. La diputada solicitó al Ejecutivo provincial que establezca un sistema de rendición de cuentas quincenal, cuestionando la falta de acceso a información detallada sobre el uso de los fondos destinados a las emergencias. “No se pueden firmar cheques en blanco”, sentenció la legisladora, exigiendo claridad presupuestaria ante una situación que genera gran preocupación social.
Además de los aspectos políticos, el proyecto requiere precisiones técnicas urgentes sobre la infraestructura hídrica de la provincia. Armas Belavi pide informes detallados acerca del estado de mantenimiento de los terraplenes, el funcionamiento operativo de las estaciones de bombeo y la situación actual de las obras de protección contra la erosión costera, elementos vitales para mitigar el impacto de las lluvias intensas.
Finalmente, el texto legislativo subraya la necesidad de una coordinación fluida entre el gobierno provincial y los gobiernos locales. La legisladora concluyó enfatizando que, frente a un fenómeno climático de magnitud, el Estado debe mantener “puertas abiertas”, priorizando la gestión codo a codo con municipios y comunas, y garantizando que la información pública sea accesible para toda la ciudadanía.
