Las autoridades levantaron el pase a disponibilidad de agentes sancionados y les pidieron regresar al trabajo en la calle. Economía garantizó que el personal con mayor carga horaria no cobrará menos que la canasta básica del Indec, en el marco de una recomposición salarial focalizada en los rangos subalternos
Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, brindaron este miércoles una actualización sobre la situación derivada del conflicto policial y anunciaron decisiones orientadas a normalizar el servicio, recomponer el vínculo con la fuerza y atender reclamos salariales considerados legítimos.
Cococcioni subrayó que, pese a la protesta, “la seguridad pública nunca se resintió” en ningún punto de la provincia. Según detalló, Rosario “recupera su normalidad operativa” y en la Unidad Regional II la operatividad se mantuvo en torno al 90 %, con todas las incidencias atendidas y sin hechos graves asociados al conflicto.
El ministro remarcó que el Gobierno de Santa Fe considera “válidos, aceptables y atendibles” los reclamos del personal y valoró la instancia de diálogo abierta este martes por la noche con representantes de la fuerza. En ese marco explicó el sentido de las medidas administrativas adoptadas previamente: el pase preventivo a disponibilidad “se tomó para ordenar el marco de la negociación y no como una sanción definitiva”.
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Con ese objetivo cumplido y al haberse restablecido una interlocución, la Provincia levantó la disponibilidad y pidió el retorno inmediato al servicio. “A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de manera inmediata al servicio ordinario de la Policía de Santa Fe. Esto implica que salen en lo inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados”, precisó Cococcioni.
El funcionario reconoció que existe un personal muy resentido por la carga de trabajo y las tensiones de los últimos años, lo que exige una respuesta integral del Estado. Recordó además las políticas recientes de bienestar policial: refuerzo de programas de salud mental, mejoras económicas y beneficios en transporte y alojamiento.
“No hay ningún tipo de mella en el aprecio, el respeto y el agradecimiento que tenemos hacia nuestras fuerzas de seguridad. Si debemos hacer un esfuerzo mayor para reconocerlas de manera diferenciada respecto del resto de la administración pública, entendemos que es correcto. Gracias a su trabajo hoy podemos exhibir resultados en materia de seguridad valorados en todo el país”, sostuvo.
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Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó la “alta dedicación y la elevada carga horaria” que caracteriza al personal policial y penitenciario, factores que -dijo- deben reflejarse en la estructura salarial.
En ese sentido anunció que todo el personal de escalafón general de seguridad y del servicio penitenciario con jornadas de 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica para un hogar tipo publicada mensualmente por el Indec.
La medida implicará destinar mayores recursos provinciales con foco en los rangos subalternos, donde se concentran los salarios más bajos. “La prioridad es que ningún agente quede por debajo de la canasta básica y, a partir de allí, avanzar en una jerarquización del salario que reconozca que a mayor responsabilidad debe corresponder mayor remuneración”, concluyó Olivares.
