La provincia de Santa Fe ha ratificado su disposición para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual entró en vigencia el pasado 5 de septiembre y establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Virginia Coudannes, vocera del Gobierno Provincial, aseguró que la administración liderada por Maximiliano Pullaro se preparó anticipadamente para este cambio normativo, permitiendo que la provincia esté en condiciones óptimas para su ejecución inmediata. Según la funcionaria, esta medida marca un punto de inflexión donde se busca terminar con la impunidad, aplicando la máxima de que quien comete un delito de adulto, recibe una pena de adulto.
Coudannes subrayó que la provincia no requirió de una reestructuración profunda para adaptar su sistema judicial y carcelario a la nueva ley. Destacó que, gracias a la gestión previa, la estructura administrativa, las oficinas y los recursos humanos ya se encontraban operativos, sin necesidad de generar nuevos cargos o inversiones extraordinarias. Esta capacidad instalada se complementa con la política de seguridad del Ejecutivo provincial, que apuesta por continuar invirtiendo en infraestructura carcelaria y estaciones policiales como parte de un trabajo integral de prevención e investigación.
La funcionaria enfatizó la postura tajante del gobernador Pullaro respecto al cumplimiento de la ley, reiterando la consigna gubernamental de que “por dentro de la ley todo, por fuera de la ley absolutamente nada”. En este sentido, la provincia reafirma su compromiso de mantener una postura firme frente a la criminalidad juvenil, garantizando que el sistema judicial cuente con las herramientas necesarias para la aplicación de la nueva normativa de manera efectiva y sin dilaciones.
Desde la entrada en vigencia del régimen, ya se han registrado los primeros casos de aplicación práctica. Coudannes mencionó un hecho en San Lorenzo, donde un menor de 14 años fue involucrado en un robo calificado, y otro en Rosario, que involucró a un joven de 15 años por abuso de armas. En ambos episodios, la Justicia intervino bajo las nuevas disposiciones, determinando medidas específicas o libertades según el criterio del fiscal actuante. La vocera concluyó que el Gobierno seguirá manteniendo la estructura preparada para afrontar los desafíos que esta nueva etapa penal impone, marcando una línea clara de autoridad y seguridad.
