El vocero presidencial, Adrián Ravier, presentó los lineamientos centrales de las próximas reformas legislativas que buscan cimentar el crecimiento económico en Argentina. En el centro de la agenda se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo objetivo primordial es establecer la preservación del valor de la moneda como mandato único. Esta medida pretende garantizar la independencia de la autoridad monetaria frente al poder político, prohibiendo estrictamente el financiamiento del Tesoro mediante la emisión de billetes, una práctica señalada como la causa de la descapitalización de las reservas en gestiones anteriores.
En sintonía con la búsqueda de previsibilidad, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para fortalecer la inviolabilidad de la propiedad privada. Según detalló Ravier, la iniciativa propone modernizar el régimen de expropiaciones, agilizar los desalojos y eliminar restricciones a la inversión previstas en la Ley de Tierras Rurales. El vocero subrayó que la seguridad jurídica es una condición sine qua non para atraer capitales, destacando la necesidad de que el país abandone los primeros puestos en litigios internacionales ante el CIADI para transformarse en un destino atractivo para el emprendimiento y la producción.
En el ámbito productivo, el Gobierno celebró los resultados de la campaña agrícola 2025/2026, la cual se perfila hacia un récord de 163 millones de toneladas. Con cifras destacadas en soja, maíz y trigo, el éxito se atribuye a una política de desregulación que incluyó la reducción de derechos de exportación, la unificación cambiaria y la eliminación de aranceles para insumos estratégicos. “El campo solo necesita que el Estado se quite del medio”, afirmó Ravier, vinculando directamente la mejora en los rendimientos con la mayor competitividad otorgada al sector agroindustrial.
Finalmente, la estrategia oficial se completa con un enfoque renovado en la formación laboral a través del Ministerio de Capital Humano. Ravier informó que se ampliará la oferta de capacitación gratuita mediante plataformas virtuales y centros presenciales en todo el país. Esta política marca un cambio de paradigma en la asistencia social, buscando reemplazar la lógica de la distribución de planes por la construcción de condiciones reales de progreso, orientadas a que los ciudadanos puedan insertarse efectivamente en el mercado laboral y contribuir al desarrollo nacional.
