El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo un encuentro clave con el canciller nacional, Pablo Quirno, con el objetivo de entregarle un documento técnico que defiende la producción provincial de biodiésel. La gestión busca que el Estado nacional interceda ante la Unión Europea (UE) para lograr la revisión del estatus de este biocombustible, cuya clasificación actual limita severamente las exportaciones desde el Mercosur. Durante la reunión en Buenos Aires, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y autoridades del área de comercio exterior y relaciones internacionales.
El dossier presentado reúne evidencia científica, técnica y económica que refuta la postura de la Comisión Europea de catalogar a la soja como un insumo de “alto riesgo”. Según explicó el ministro Puccini, los datos demuestran que la medida adoptada en Europa carece de fundamentos técnicos sólidos y constituye, en la práctica, un obstáculo injustificado al comercio. Este informe será una pieza fundamental en la exposición técnica que la Cancillería argentina llevará adelante la próxima semana en Bruselas para defender la competitividad de los productos regionales.
Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, el sostenimiento de este mercado es una cuestión de vital importancia económica. La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, advirtió que el impacto de las restricciones europeas podría traducirse en una pérdida estimada de 390 millones de dólares. El documento subraya que la normativa no solo afecta al producto final, sino que pone en jaque a toda la cadena de valor de la soja, incluyendo la harina y el aceite, con consecuencias directas sobre el nivel de empleo y la actividad industrial de la provincia.
La iniciativa es fruto de un trabajo coordinado entre el sector público y privado, sumando el respaldo de la Región Centro y expertos internacionales. Recientemente, el gobierno santafesino también abordó esta problemática con el embajador de Alemania y especialistas en cooperación internacional, buscando aliados estratégicos para demostrar que la realidad productiva local no se condice con los criterios de “cambio indirecto del uso del suelo” (ILUC) invocados por la normativa europea para estigmatizar la materia prima argentina.
Finalmente, desde la administración provincial destacaron su participación activa en el período de consultas abierto por la UE para cuestionar la metodología de sus informes técnicos. Al rechazar los resultados planteados por Bruselas, Santa Fe busca evitar que se consolide un precedente regulatorio que condicione, a corto plazo, el ingreso de sus derivados agroindustriales al mercado europeo. La defensa del biodiésel se posiciona así como una prioridad estratégica para proteger el motor productivo de la provincia frente a exigencias internacionales consideradas arbitrarias.
