El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, formalizó la primera notificación para recuperar los costos operativos derivados de las amenazas de bomba en establecimientos educativos. La intimación, entregada en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor identificado como autor de una de estas llamadas, asciende a un total de 6.024.944 pesos. El ministro Pablo Cococcioni explicó que esta medida busca resarcir al Estado por el despliegue de recursos policiales y especializados que cada falsa alarma exige.
La reacción del primer adulto notificado, quien calificó el monto como una “jodita cara“, refleja el impacto de esta política de “recupero de costos“. Según detalló el ministro, el cálculo no es arbitrario ni constituye una multa, sino que representa el costo exacto del operativo, incluyendo combustible, horas de servicio del personal y la intervención de brigadas de explosivos. Con esta acción, la provincia establece un precedente administrativo para que los ciudadanos asuman la responsabilidad patrimonial por los actos de sus hijos.
Hasta el momento, las autoridades han identificado a los responsables de 58 hechos distintos, lo que involucra a más de 70 personas entre autores y adultos responsables solidarios. A medida que la Fiscalía valida las identidades, se emiten automáticamente las intimaciones de pago. Se estima que el monto total a reclamar por este primer grupo de incidentes superará los 250 millones de pesos, una cifra que continuará creciendo a medida que se procesen nuevos casos en toda la provincia.
Desde el punto de vista legal, el Ministerio aclaró que se trata de una indemnización civil por daños, independiente de las posibles sanciones penales que correspondan. Al regirse por el Código Civil y Comercial, el Estado cuenta con herramientas para ejecutar la deuda en caso de incumplimiento, lo que incluye la posibilidad de embargar sueldos o inhibir bienes de los responsables. Los notificados cuentan con un plazo de cinco días para realizar el pago voluntario antes de que el expediente sea derivado a la Fiscalía de Estado.
Con esta estrategia, el Gobierno de Santa Fe busca desincentivar las amenazas que afectan el normal dictado de clases y agotan recursos críticos de seguridad. Cococcioni enfatizó la necesidad de cuidar los activos públicos y concienciar a la sociedad sobre las consecuencias reales de estas conductas. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo que el operativo tuvo para los santafesinos”, concluyó el funcionario, subrayando el compromiso de la gestión con el uso eficiente de los recursos del Estado.
