El Gobierno de Santa Fe presentó oficialmente el Plan de Protección de los Ingresos, una iniciativa diseñada para mitigar el impacto del endeudamiento en las economías domésticas. El programa busca intervenir en un contexto económico complejo donde la morosidad ha crecido, especialmente en créditos no bancarios y plataformas digitales. La estrategia central consiste en reducir la carga de los descuentos salariales para que los trabajadores cuenten con mayor disponibilidad de efectivo mes a mes, priorizando la estabilidad financiera de los hogares santafesinos.
Uno de los pilares más relevantes de la medida es la modificación del límite de afectación salarial para los empleados estatales y jubilados. A través de un reordenamiento administrativo, el tope máximo de deducciones en el recibo de haberes se reducirá drásticamente del 50% al 25%. Para cumplir con este objetivo, se facilitará la refinanciación de las deudas vigentes con tasas más competitivas o la transferencia de saldos hacia entidades con mejores condiciones, garantizando que nadie perciba ingresos por debajo del umbral de subsistencia establecido por la nueva normativa.
En cuanto al sector público, el plan incluye una fase de reempadronamiento de las entidades acreedoras y la posibilidad de una intervención directa del Estado. En casos donde no se logre un acuerdo privado de refinanciación, la provincia podrá asistir financieramente a tasa cero para cubrir el excedente de deuda, recuperando esos fondos una vez que la cuota se ajuste al límite permitido. Además, se habilitarán líneas de crédito para la consolidación de deudas con plazos de hasta 60 cuotas y períodos de gracia, con la condición de no contraer nuevos compromisos hasta finalizar el pago.
Para el sector privado y los trabajadores autónomos, el Ejecutivo provincial ha coordinado herramientas específicas con el Banco de Santa Fe y cámaras empresariales. Se pondrán a disposición líneas de crédito a largo plazo con tasas sensiblemente inferiores a la media del mercado para cancelar deudas preexistentes. Asimismo, el Banco Solidario activará mecanismos de apoyo para sectores con ingresos intermitentes, asegurando que los beneficios del desendeudamiento alcancen también a quienes operan fuera del sistema financiero tradicional o bajo modalidades de empleo informal.
Finalmente, el proceso de adhesión se ha diseñado para ser ágil y digitalizado. Los beneficiarios del sector público podrán gestionar su trámite mediante el portal oficial de la provincia con su ID Ciudadana, mientras que los trabajadores privados lo harán a través de las plataformas del agente financiero correspondiente bajo supervisión estatal. Con esta batería de medidas, el gobierno de Maximiliano Pullaro busca no solo inyectar liquidez al consumo local, sino también establecer un sistema de financiamiento más transparente y ordenado para el futuro de la provincia.
