El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha formalizado la Directiva N° 05/2026 para iniciar el cobro de los operativos de seguridad derivados de falsas amenazas en instituciones educativas. La medida busca que el Estado sea resarcido por los gastos logísticos y humanos desplegados ante estas intimidaciones. Bajo la coordinación de la Subsecretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado, se ejecutarán acciones administrativas y judiciales para recuperar fondos que pertenecen a la administración pública.
Las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya han permitido identificar a varios responsables, quienes resultaron ser menores de edad. Debido a su condición legal, la Provincia dirigirá los reclamos económicos directamente hacia los padres o tutores legales. Se estima que el costo base de cada intervención oscila entre los 5 y 6 millones de pesos, aunque esta cifra puede incrementarse significativamente según la magnitud del despliegue y la zona afectada.
El volumen de estos incidentes ha generado una gran preocupación en las autoridades, registrándose un total de 158 intervenciones relacionadas con amenazas escolares en apenas una semana, entre el 16 y el 21 de abril. El procedimiento de recupero se activa de forma individualizada: una vez identificado el autor, se elabora un expediente con la cuantificación técnica de los costos y se envía una intimación formal de pago. De no cumplirse el plazo establecido, la Fiscalía de Estado procederá con demandas judiciales que incluirán intereses y costas legales.
Desde el Ejecutivo provincial enfatizaron que estas acciones no deben considerarse “bromas”, ya que distraen recursos críticos que deberían estar destinados a la prevención del delito real. Las autoridades aclararon que este reclamo de resarcimiento civil es totalmente independiente del proceso penal que se sigue por el delito de intimidación pública. Por lo tanto, el Estado no necesita esperar una sentencia condenatoria para exigir que los adultos responsables cubran los gastos operativos de manera inmediata.
Finalmente, el Gobierno hizo un llamado urgente a las familias santafesinas para concienciar a los jóvenes sobre la gravedad de estos actos. Se subrayó que, además de las consecuencias legales y el estigma penal que esto genera en los menores, el impacto patrimonial para el núcleo familiar puede ser devastador. La iniciativa pretende sentar un precedente de responsabilidad civil, garantizando que el costo de las conductas irresponsables no sea absorbido por los contribuyentes, sino por quienes las provocan.
