El Parlamento Europeo rechazó la propuesta que habría catalogado a la soja argentina como cultivo de “alto riesgo ILUC”, evitando así restricciones que habrían puesto en peligro exportaciones de biodiésel por unos 390 millones de dólares anuales. La decisión fue celebrada por el gobierno de Santa Fe, cuyo gobernador destacó el trabajo conjunto entre provincias, la Cancillería y el sector privado para presentar pruebas técnicas y económicas que acreditan la sustentabilidad del biodiésel nacional.
Santa Fe lideró la elaboración y presentación de un dossier técnico que demostró que el biodiésel argentino reduce alrededor del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero frente al gasóleo fósil y que la producción de soja no ha implicado expansión sobre bosques nativos. Según el ministerio de Desarrollo Productivo provincial, el resultado demuestra el impacto directo de la acción estatal en el empleo, las inversiones y las exportaciones, especialmente en una provincia que concentra más del 80 % de la capacidad instalada del país.
Con el frente externo asegurado, la provincia reclama ahora una agenda interna para aprovechar la capacidad ociosa de la industria —estimada entre 50 % y 65 %— y fortalecer el mercado doméstico. En ese sentido, exige al Congreso la sanción de una nueva Ley de Biocombustibles que aumente el corte obligatorio al 15 % (B15) con una transición automática a B20 si resulta competitivo, y que reconozca incentivos para tecnologías futuras como el Diésel Renovable (HVO) y el Combustible Sustentable de Aviación (SAF).
Además, la propuesta provincial busca una distribución más equitativa del mercado interno, reservando un 40 % para plantas no integradas y un 60 % para las integradas, con el objetivo de promover la competencia y reflejar la estructura productiva de Santa Fe. El gobierno sostiene que, además de consolidar exportaciones, la medida permitiría sustituir importaciones de gasóleo —unos 1.500 millones de litros anuales— por producción nacional, impulsando empleo y agregado de valor.
