Por Martín Sperati
En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal de Santa Fe, volvió a ponerse sobre la mesa un tema que, aunque recurrente, nunca deja de ser incómodo: el cobro de canon a los feriantes que ocupan el espacio público. La discusión, como era previsible, dividió aguas entre quienes defienden la necesidad de regular y recaudar por el uso de la vía pública y quienes alertan sobre el impacto que ese cobro puede tener en un sector que, en muchos casos, representa la única fuente de ingresos de familias enteras.
No se trata de un debate abstracto. Los feriantes no son un colectivo homogéneo: hay desde artesanos que venden sus propios productos hasta vendedores ambulantes que revenden mercadería importada o producida en serie. Todos, sin embargo, comparten el mismo espacio: la calle, la plaza, la costanera. Ese espacio es de todos los santafesinos, pero no todos lo usan de la misma manera. Por eso el municipio tiene la obligación de regular su uso. Cobrar un canon razonable no es un capricho recaudatorio; es una forma de que quienes obtienen un beneficio económico directo de un bien común contribuyan al mantenimiento de ese bien. Limpiar, iluminar, patrullar y reparar el espacio que ocupan no sale gratis.
Pero aquí viene el nudo del problema, y es donde el Concejo debería haber profundizado más: ¿el canon es razonable o se está convirtiendo en una barrera de entrada que castiga al más débil? En una ciudad donde la inflación sigue mordiendo el poder adquisitivo, donde el empleo formal es cada vez más escaso y donde muchos feriantes trabajan sin jubilación ni obra social, un aumento desmedido del canon puede significar directamente la exclusión de decenas de familias del circuito económico. No es lo mismo cobrarle a un puesto consolidado en una feria turística que a la señora que vende choripanes en una esquina de barrio para pagar la luz y la comida de sus hijos.
El argumento de “ordenar la ciudad” es legítimo. Nadie quiere que las ferias se transformen en un caos de basura, cables colgando y competencia desleal con los comercios que pagan impuestos y alquileres. Pero ordenar no puede ser sinónimo de expulsar. El Concejo debería exigirle al Ejecutivo un estudio serio de costos reales de mantenimiento del espacio público y, sobre esa base, fijar un canon diferenciado según tipo de actividad, tamaño del puesto y zona. Además, debe garantizar que el dinero recaudado se invierta de manera transparente en mejoras concretas para los feriantes: baños químicos, puntos de luz, seguridad y, sobre todo, espacios fijos dignos en lugar de la precariedad diaria.
Porque el verdadero debate no es si se cobra o no se cobra. Es si el cobro se hace con criterio de equidad o con lógica de caja. Santa Fe no puede permitirse el lujo de mirar para otro lado mientras crece la informalidad, pero tampoco puede permitirse criminalizar la subsistencia. Un canon justo no es un impuesto al trabajo; es el precio que paga la ciudad para que el trabajo informal pueda seguir existiendo sin degradar el espacio público.
Sería bueno que en las próximas sesiones los concejales dejen de lado las posturas ideológicas y se pongan a trabajar en una ordenanza inteligente: que recaude lo necesario, que regule lo indispensable y que proteja a quienes menos pueden. Porque al final del día, los feriantes no son un problema; son parte de la solución creativa que encontró la gente para no caer en la desesperación. Ignorarlos o asfixiarlos con un canon desproporcionado no es gobernar. Es simplemente mirar para otro lado.
