La Cámara de Diputados le dio media sanción al paquete de “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública” que Maximiliano Pullaro venía empujando desde hace meses. El resultado fue 37 a 11, una mayoría holgada que ahora pasa al Senado. Pero detrás de los números quedó a la vista algo más importante que el texto final: la tensión entre la UCR del gobernador y el Partido Socialista, los dos pilares de Unidos para Cambiar Santa Fe, alcanzó un punto de fricción que no se resuelve con un acuerdo de última hora.
Durante cinco meses el proyecto estuvo trabado. El socialismo objetó con dureza los artículos que, a su juicio, otorgaban facultades discrecionales excesivas a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación. La Casa Gris y los radicales respondían que sin esas herramientas el Estado seguía limitado frente al narcotráfico y la violencia organizada, especialmente en Rosario. La negociación se cerró sobre la hora del miércoles. Al día siguiente hubo discursos cruzados en el recinto: socialistas como Joaquín Blanco y Lionella Cattalini criticaron a funcionarios del gobierno por las presiones, mientras el oficialismo defendió que el texto aprobado seguía siendo, en lo esencial, el que necesitaba el Ejecutivo.
Los puntos que se modificaron o se cayeron son claros. Se eliminó el régimen de zonas de intervención policial especial, que permitía controles de acceso, restricciones de circulación y arrestos más amplios en áreas de alta conflictividad. Se quitó la posibilidad de tomarle declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de un abogado en determinados supuestos. Y en materia de allanamientos excepcionales sin orden judicial previa, se incorporó la autorización del fiscal y un control judicial posterior. Otras herramientas que el gobierno consideraba centrales —juicios en ausencia con garantías, medidas sobre búnkeres y un régimen más estricto para presos de alto perfil— se mantuvieron. El socialismo reivindicó un texto “mucho mejor”; desde el entorno de Pullaro se minimizó la magnitud de las concesiones y se subrayó que se conservaron las facultades imprescindibles.
El episodio no fue solo técnico. Expone la lógica de pesos y contrapesos que hasta ahora sostenía a Unidos: la UCR gobierna y responde por los resultados en seguridad; el socialismo, con peso decisivo en Diputados, actúa como control interno y defiende su identidad en materia de garantías. Esa dinámica funcionó en otras reformas. En seguridad, donde Pullaro ha hecho de la contención del delito un emblema de su gestión, el margen de maniobra se achicó. Fuentes del gobierno admiten malestar porque el socialismo “se le paró de manos” en un tema en el que no se puede retroceder. Desde el PS responden que no están dispuestos a ser una coalición de empleados y que las modificaciones eran necesarias para no vulnerar el debido proceso.
La pregunta de fondo no es solo si el Senado convierte la media sanción en ley —probablemente sí, aunque con algún recorte adicional o sin él—. Es si el desgaste de confianza que dejó esta pulseada condiciona la gobernabilidad en lo que resta del mandato. Pullaro advirtió públicamente que, si se aflojan los controles, Rosario puede volver en poco tiempo a escenarios anteriores. El socialismo, en cambio, insiste en que se puede combatir la impunidad sin relajar garantías constitucionales. ¿Hasta dónde puede el gobernador avanzar en seguridad si cada herramienta dura tiene que pasar por este filtro interno? ¿Y hasta dónde puede el socialismo condicionar sin terminar siendo percibido como un freno?
A tres años del final del mandato y con 2027 en el horizonte, el trámite de esta ley marca un antes y un después. Unidos demostró que todavía puede acordar, pero también que el acuerdo ya no es gratuito. La confianza, como se dijo en estos días, es un jarrón: se puede pegar, pero no vuelve a ser el mismo. ¿Alcanza con las herramientas que quedaron para sostener los resultados en seguridad que el gobierno exhibe? ¿O el socialismo, al priorizar su identidad, dejó a la gestión con menos margen del que necesita? ¿Y si la tensión no se resuelve, quién paga el costo político cuando el delito vuelva a ser el tema central? Son preguntas que la Legislatura no resolvió el jueves y que seguirán abiertas mucho después de que la ley, si se aprueba, entre en vigencia.
