El Senado de la Nación sancionó este jueves 19 de noviembre la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que busca establecer un sistema permanente de protección y financiamiento para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios. La votación registró 71 votos afirmativos y ninguno en contra, reflejando un amplio acuerdo entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición.
La aprobación representa un paso importante para el sector, que atraviesa un período de incertidumbre ante el próximo vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, previsto para el 31 de diciembre. Con la nueva normativa, el Congreso busca reemplazar las medidas transitorias por un esquema estable que garantice la continuidad de las prestaciones y los derechos de los beneficiarios.
El proyecto llegó al recinto después de intensas negociaciones parlamentarias, durante las cuales el Gobierno nacional aceptó mantener modificaciones impulsadas por la oposición y los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados. Entre los puntos centrales se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización, el nomenclador universal de prestaciones y los mecanismos de financiamiento del sistema.
Uno de los aspectos más importantes es que las pensiones no contributivas por discapacidad se mantendrán en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima, con los mecanismos de actualización correspondientes.
Además, la normativa permite compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado o actividades comprendidas en regímenes tributarios, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta disposición busca facilitar la inserción laboral sin que ello implique automáticamente la pérdida del beneficio.
También se mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento central para acceder a las prestaciones y se ratifica el nomenclador universal, que establece los valores de referencia para los servicios de atención, rehabilitación y otras prácticas destinadas a las personas con discapacidad.
En cuanto a la cobertura médica, la legislación garantiza la continuidad de las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, a través del Programa Federal Incluir Salud, para quienes perciben pensiones no contributivas y necesitan acceder a tratamientos y servicios de salud.
Otro de los puntos relevantes está relacionado con las deudas acumuladas con prestadores del sistema. La nueva ley establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los montos pendientes en un plazo máximo de 90 días, conforme a las condiciones previstas en la norma.
Asimismo, se incorporan mecanismos de control y auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre organismos nacionales como ANSES, ARCA y Renaper. Estos procedimientos deberán respetar el derecho de defensa y las garantías correspondientes para las personas alcanzadas.

