El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió a la legislatura provincial un paquete de 11 reformas clave en materia de seguridad. Este proyecto contempla modificaciones al Código Procesal Penal, la ley penitenciaria, la ley de inteligencia y de recompensas.
En una entrevista para Despacho Play, el abogado penalista Ignacio Alfonso Garrone —presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe— analizó el impacto de estas normativas. El especialista diferenció el éxito de las políticas de persecución actuales de aquellas reformas que, según su criterio, podrían desproteger al ciudadano común frente a posibles arbitrariedades.
Alfonso Garrone reconoció que la gestión actual ha logrado resultados positivos en la reducción de los índices delictivos de alta complejidad. Sin embargo, advirtió que el nuevo texto normativo incluye herramientas que no afectan a las grandes bandas criminales, sino a la vida cotidiana de las personas comunes.
“Una cuestión es la política de seguridad que puede implementar un gobierno (…) ha sido exitosa y ha sido buena porque la tasa de homicidios ha bajado (…) Otra cosa es la modificación del Código Procesal Penal con cuestiones que nada impactan en la criminalidad de alto perfil o de gran escala, sino que impactan en el ciudadano común y a pie”
Los puntos más críticos de la reforma
El especialista centró sus reparos en tres aspectos del proyecto que considera incompatibles con las garantías republicanas básicas:
1. Interrogatorios policiales sin la presencia de un defensor: Para Alfonso Garrone, permitir que la policía interrogue a un sospechoso sin su abogado rompe un consenso establecido en la provincia desde la reforma procesal de 2014. El letrado alertó sobre el peligro de que estas dinámicas fuercen confesiones falsas en personas vulnerables o inocentes.
“Vos llegás a una comisaría, no tenés la presencia de tu abogado defensor, tenés el personal policial que te puede desde forzar una confesión falsa, generar un apremio ilegal, plantarte en una situación en la que vos no estás y construir un ‘perejil'”
2. El proceso por “decreto penal”: Este mecanismo, importado del derecho alemán, permite dictar condenas, multas o arrestos por delitos de baja y media gravedad (como contravenciones o amenazas) a través de una notificación directa al domicilio del afectado, sin que haya existido un juicio o una audiencia de defensa previa.
“Mire un juez resolvió que está condenado (…) Pero eso sin proceso, sin juicio previo y sin presencia de abogado defensor (…) Vos estás en tu casa y te condenan sin juicio previo”
3. Allanamientos y restricciones sin control judicial previo: Aunque se mostró a favor de agilizar los procedimientos aprovechando herramientas modernas como el uso de correos o mensajería instantánea en casos de urgencia extrema, criticó que se elimine de plano la autorización del juez en operativos ordinarios. “El sistema de contrapesos tiene una razón fundamental del principio republicano”.
Derribo de búnkeres y control carcelario
En la contraparte del análisis, el titular del instituto se mostró plenamente a favor de las medidas dirigidas de forma estricta contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Valoró de forma saludable la demolición de búnkeres que ocupan espacios ociosos en los barrios, siempre y cuando se verifique que no se afecten derechos de propiedad de terceros inocentes. Asimismo, respaldó la aplicación del régimen agravado y el aislamiento de las comunicaciones para los presos de alto perfil dentro del sistema penitenciario.
“El cercenamiento de algunos beneficios de los detenidos de alto perfil fue también lo que impidió que algunas cuestiones vinculadas a la criminalidad se sigan expandiendo (…) no me parece mal que se le corte la comunicación que se le prohíban las visitas en casos específicos”
El debate sobre el microtráfico en Santa Fe
Autor de una obra especializada en la materia junto al Dr. Santiago Sau y la Dra. Clara Vázquez, Alfonso Garrone desmenuzó las complejidades prácticas que enfrentan los fiscales provinciales al investigar el narcomenudeo. Remarcó que el éxito real del combate al microtráfico depende de una fuerte articulación con la justicia federal para no agotar los recursos persiguiendo únicamente al eslabón más débil de la cadena, el cual suele ser fácilmente reemplazable por las organizaciones criminales.
“El vendedor es fungible, al vendedor lo puede cambiar; el proveedor, el fabricante va a seguir existiendo (…) Si vos tuviste 5 o 6 meses [de investigación], a alguien tenés que encontrar que se le está dando o brindando ese material (…) La investigación tiene que ser estratégica en materia de microtráfico”
