Por Martín Sperati
Mientras miles de empleados públicos cobran sueldos de miseria que no alcanzan para vivir, los cargos políticos y de confianza viven en otra galaxia. Este contraste no es un error: es una vergüenza y una falta de respeto.
Un docente inicial, un enfermero, un policía raso o un administrativo cobra, después de los magros aumentos del 2026, un neto de alrededor de 1.100.000 pesos.
La canasta básica familiar ya supera los 2 millones de pesos. La línea de pobreza está por encima de 1,3-1,4 millones. Miles de familias terminan destinando entre el 25% y el 50% de su sueldo solo para pagar deudas.
Y para colmo, el Estado les paga una parte en negro: sumas no remunerativas que no computan para aguinaldo, jubilación ni obra social. Dinero que hoy está y mañana no vale nada.
Ahora mirá el otro lado del escándalo:
Un funcionario político de rango medio-alto cobra fácilmente entre 3 y 6 millones de pesos por mes, o mucho más, todo en blanco, con viáticos, gastos de representación y privilegios. Multiplican por 4, 5 o 6 veces el sueldo de un trabajador de la base. Mientras tanto, la planta política sigue creciendo sin control: más de 2.180 cargos nuevos.
Esto no es administrar. Es una injusticia descarada.
Los empleados públicos no son un gasto. Son el corazón del Estado. Cuando les pagás mal y en negro, generás desmotivación, deserción y mala atención al vecino.
El Estado tiene que dar el ejemplo. No puede predicar austeridad y orden mientras ajusta salvajemente a sus propios trabajadores y se llena de privilegios en las alturas.
Santa Fe se merece un Estado justo, no un Estado de dos velocidades.
