Ravier y la morosidad: ¿La culpa es de la gente o del desastre económico?
Adrian Ravier, vocero de presidencia

Ravier y la morosidad: ¿La culpa es de la gente o del desastre económico?

Por Martín Sperati

El debate sobre la situación financiera en Argentina sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Adrián Ravier, vocero de la presidencia de Javier Milei. El funcionario atribuyó el incremento de la morosidad a la falta de educación financiera de la población. Según afirmó, entre 5 y 7 millones de ciudadanos no saben manejar su economía personal.

Es innegable que el país arrastra un déficit histórico en educación financiera. Años de alta inflación acostumbraron a la población a lógicas distorsionadas, como asumir deudas bajo la premisa de que la inflación licuaría las cuotas. Esto dificultó el aprendizaje sobre cómo armar presupuestos o calcular la capacidad real de pago.

Culpar exclusivamente a los ciudadanos resulta incompleto ante un escenario de devaluación inicial del 25%, pulverización del salario real y quita masiva de subsidios a los servicios públicos. El cambio abrupto en las reglas de juego trastocó la economía de familias y pymes.

Ante ingresos que apenas cubren la supervivencia, las ofertas de financiamiento masivo se vuelven una tentación difícil de eludir. Cuando el pago de las cuotas absorbe entre el 30% y el 40% de los ingresos, el sistema familiar colapsa. En muchos casos, el endeudamiento responde a la desesperación y no a una mala administración.

La salida de esta crisis financiera requiere una participación activa del sector público. El sistema financiero actual se encuentra bajo una fuerte tensión sistémica provocada por las medidas macroeconómicas implementadas. Por este motivo, se vuelve indispensable la intervención del Banco Central mediante el otorgamiento de créditos blandos que permitan reordenar las deudas.

Dejar a millones de personas y empresas fuera del circuito de crédito formal por registrar altos niveles de morosidad significa condenarlas económicamente. El Estado no puede limitarse a responsabilizar a los usuarios; debe garantizar estabilidad económica, recuperación del poder adquisitivo y reglas de juego claras para que la salud financiera sea sostenible en el tiempo.