Por Martín Sperati
Estamos frente a una realidad económica inocultable que hoy preocupa a toda la ciudadanía argentina. Por un lado, escuchamos el discurso oficial del presidente de la Nación asegurando que el Producto Bruto Interno (PBI) muestra crecimiento y que la actividad económica avanza. Por el otro, nos chocamos de frente con un altísimo nivel de morosidad en las familias y las empresas. Vivimos, claramente, en una economía de dos velocidades.
Mientras ciertos sectores logran traccionar con fuerza, la economía del día a día, la que sostiene al mercado interno, no arranca y se encuentra sumida en un ahogo financiero profundo.
El plan económico implementado por Javier Milei está dejando esquirlas muy dolorosas en la población y en el tejido productivo. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se encuentran en una situación de contracción extrema. Muchas de ellas ya registran deudas en las categorías crediticias más críticas de la escala del Banco Central (situaciones 2, 3, 4 y hasta 5).
Esta asfixia comercial se evidencia en una oleada de concursos preventivos, el último paso legal antes de la quiebra. Cuando una pyme recurre a la justicia para ordenar sus finanzas, la frase de fondo es idéntica en todos los casos: “Tengo poca capacidad de pago porque no vendo, por ende, necesito reestructurar lo que debo“ . Sin ventas, el sostenimiento de cualquier estructura se vuelve imposible.
Un default familiar silencioso y masivo
El problema escaló a una dimensión estructural que excede los casos individuales. El nivel de morosidad actual en los hogares argentinos es un verdadero escándalo:
Evolución alarmante: Los préstamos a familias pasaron de un 3% a más del 12% de morosidad en apenas un año.
Créditos tóxicos: En segmentos específicos como las tarjetas de crédito y los préstamos personales, la mora roza o supera el 14%.
Millones afectados: Uno de cada cuatro argentinos endeudados enfrenta problemas financieros graves, lo que equivale a un universo de entre 5 y 7 millones de personas en situación crítica.
El dato más doloroso detrás de esta estadística es el destino de esos fondos. Hoy, las familias no contraen deuda en billeteras virtuales o tarjetas para irse de viaje, comprar ropa o adquirir electrodomésticos. Se están endeudando para financiar comida y pagar el alquiler. El consumo se deprimió a niveles históricos, y el crédito se transformó en una herramienta de supervivencia sumamente tóxica.
La urgencia de herramientas de salvataje
Esta crisis no responde a una falta de voluntad de pago colectiva. No estamos ante millones de argentinos que un buen día decidieron dejar de cumplir con sus obligaciones por capricho. Es una falla sistémica generada por el diseño de la política económica. Aunque el Banco Central sostenga que se trata de “un problema entre privados” en el que no debe intervenir, el Estado nacional tiene la responsabilidad política de proveer una salida.
No se trata de reclamar populismo ni subsidios eternos que comprometan las metas fiscales. Se trata de ejercer un elemental pragmatismo económico para evitar un desastre mayor. Los gobiernos provinciales y locales —como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderado por Jorge Macri— ya han ensayado planes de desendeudamiento locales, pero la solución de fondo requiere un marco normativo central.
Tanto las pymes como las familias necesitan con urgencia un plexo normativo que otorgue herramientas concretas de reestructuración ordenada y líneas de crédito puente. Hoy, un banco le cierra las puertas a cualquier hogar o comercio que califique en situación 3 o 4, impidiendo cualquier posibilidad de recuperarse por su cuenta. El planteo de la sociedad no es eludir la deuda, sino discutir mecanismos viables sobre cómo se puede pagar.
Si el gobierno central continúa ignorando este escenario, la morosidad seguirá su curso ascendente, los bancos restringirán aún más las condiciones y la parálisis de la economía interna terminará por arrastrar y frenar a los únicos sectores que hoy logran ganar. Estabilizar las variables es prioritario, pero crecer con inclusión es la única garantía para que este ajuste no deje a su paso un reguero de comercios cerrados en masa y hogares destruidos.
