El Gobierno apunta a darle media sanción en septiembre a la suspensión de las PASO y acelera los acuerdos electorales con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales para asegurarse los votos en el Senado. En la Casa Rosada sostienen que la reforma política pasó a ocupar uno de los primeros lugares de la agenda legislativa del segundo semestre.
El poroteo que hacen en Nación parte de los 21 senadores de La Libertad Avanza y de los respaldos que esperan reunir entre radicales e integrantes del interbloque Impulso País. “Con ese piso llegamos a 35 aproximadamente. Sumamos dos federales y estamos”, expresan en el oficialismo.
La composición formal de esos espacios es incluso mayor al cálculo que utiliza internamente el Ejecutivo: LLA tiene 21 bancas, la UCR cuenta con 10 e Impulso País reúne 7 senadores. La Casa Rosada, sin embargo, no considera automáticamente asegurados todos esos votos y trabaja sobre un escenario más conservador de unos 35 respaldos efectivos.
Impulso País está integrado por el PRO, Provincias Unidas, Independencia y Despierta Chubut y funciona como uno de los principales espacios de negociación del oficialismo en la Cámara Alta. La UCR, por su parte, tiene diez legisladores y aparece como el otro bloque sobre el que el Gobierno pretende construir la base de la votación.
El número de 37 senadores funciona como referencia política para garantizar el quórum y reducir la dependencia de acuerdos de último momento. La aprobación de una ley ordinaria se define por la mayoría de los presentes, pero en Balcarce 50 buscan llegar a la sesión con una base propia suficientemente amplia como para evitar que una ausencia o un cambio de posición haga caer el tratamiento.
La estrategia parlamentaria explica parte de la aceleración de las conversaciones electorales para 2027. La conducción de La Libertad Avanza trabaja sobre entendimientos en CABA, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe, entre otros distritos.
La lógica que plantea el Ejecutivo no está centrada esta vez en los gobernadores dialoguistas que acompañaron las principales reformas durante los últimos años, sino en construir una base más estable con los espacios con los que pretende competir en alianza en 2027. La Casa Rosada busca que el acuerdo electoral tenga como correlato un alineamiento legislativo durante los próximos meses.
El caso más avanzado es el acercamiento con Mauricio Macri y el PRO. Las dos fuerzas abrieron una mesa de coordinación que se reunirá cada quince días y el Gobierno pretende incluir dentro de esa negociación el acompañamiento a la suspensión de las primarias. El macrismo, a su vez, busca garantías sobre el armado electoral antes de resignar una herramienta que considera relevante para negociar candidaturas.
La negociación con el PRO también incluye la Ciudad, Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, además de otros distritos donde el partido conserva representación. En paralelo, el Gobierno busca profundizar los entendimientos con sectores de la UCR en provincias como Mendoza y Chaco y mantiene conversaciones con dirigentes radicales y aliados provinciales en otros territorios.
En Balcarce 50 consideran que los acuerdos distritales pueden servir para ordenar simultáneamente la estrategia electoral y la relación con el Congreso. La prioridad es evitar que el oficialismo dependa en cada votación de gobernadores con los que después competirá directamente y consolidar una coalición que también respalde el proyecto de reelección de Javier Milei.
El Ejecutivo analiza, además, utilizar herramientas de gestión para ampliar los entendimientos con las provincias; entre ellas, la distribución de Aportes del Tesoro Nacional y la habilitación de obras. En Nación aclaran que el núcleo de la estrategia seguirá puesto en el PRO y la UCR, aunque admiten que necesitarán respaldos adicionales para cerrar las votaciones más ajustadas.
Uno de los casos que observan especialmente es el de Misiones. El oficialismo ve una ventana para volver a negociar con el sector de Carlos Rovira en medio de la disputa que mantiene con el gobernador Hugo Passalacqua y del reordenamiento de los espacios provinciales de cara a 2027. La pelea interna ya trasladó tensión a los votos de los representantes misioneros en el Senado.
El Gobierno cree que el armado de las listas provinciales puede darle margen para sumar al menos un respaldo misionero a la reforma política. Carlos Arce y Sonia Rojas Decut quedaron atravesados durante los últimos meses por la ruptura entre Rovira y Passalacqua, mientras el tercer senador de la provincia, Martín Goerling, integra el Frente PRO y forma parte de Impulso País.
La suspensión de las PASO pasó a ser una de las prioridades legislativas del Gobierno antes de que comience formalmente el año electoral. La decisión busca evitar una secuencia de primarias, elecciones generales y eventual balotaje durante 2027 y obliga al oficialismo a cerrar los acuerdos políticos con suficiente anticipación.
