La diputada provincial Lionella Cattalini exigió una investigación profunda sobre el funcionamiento de los juzgados federales a cargo de Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros, tras denunciar la existencia de cerca de ocho mil expedientes que permanecieron sin actividad durante los años de mayor escalada de violencia en Rosario. Para la legisladora, este estancamiento judicial no puede ser considerado un simple error administrativo, sino que requiere un análisis detallado para determinar si existió una intencionalidad detrás de la falta de avance en investigaciones clave sobre narcotráfico y delitos complejos.
Cattalini sostuvo que este hallazgo arroja luz sobre las posibles causas que permitieron el crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales en la región. Según la diputada, el hecho de que miles de causas “durmieran” en los escritorios judiciales mientras la ciudad sufría niveles inéditos de criminalidad obliga a cuestionar el rol de los magistrados responsables. “Hay que saber cuánto hubo de desidia e inoperancia y cuánto de intencionalidad; acá puede haber una parte importante de la explicación de lo que nos pasó”, afirmó.
La legisladora, quien ha seguido de cerca el desempeño de la Justicia Federal rosarina y ha denunciado previamente al exjuez Bailaque, enfatizó la necesidad de diferenciar entre el atraso derivado de problemas burocráticos y la posibilidad de que investigaciones relevantes fueran deliberadamente archivadas. En este sentido, instó a revisar qué expedientes fueron frenados, por cuánto tiempo y quiénes resultaron beneficiados por estas demoras. Cattalini recalcó que el tiempo no puede convertirse nuevamente en una herramienta que garantice la impunidad.
Finalmente, la diputada advirtió que esta situación expone una falla estructural grave en el sistema encargado de perseguir el delito económico y el narcotráfico. Al concluir su intervención, reiteró que la impunidad, ya sea por negligencia o decisión deliberada, tiene consecuencias directas sobre la seguridad de la ciudadanía. “No podemos mirar ese dato como una casualidad; tenemos derecho a conocer qué ocurrió realmente en esos juzgados mientras Rosario atravesaba su crisis más violenta”, sentenció.
