La prioridad la tendrán proyectos viales inconclusos, cárceles y trabajos hidráulicos, aunque más de 1.000 quedarán fuera de toda negociación y seguirán paralizadas.
De cara a obtener los apoyos necesarios para aprobar la Ley Ómnibus e intentar blindar el DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei inició conversaciones con gobernadores a los que les ofreció enviar el dinero necesario para terminar obras públicas que estén alrededor del 80% de su avance físico. La prioridad la tendrán proyectos viales inconclusos, cárceles y trabajos hidráulicos.
Si bien la decisión de la Casa Rosada de terminar un grupo de proyectos podría reactivar la obra pública tras casi cuatro meses de parálisis, quedarán fuera de toda negociación más de 1000 obras que tienen un porcentaje de avance físico inferior al 70%.
El listado total y completo de las obras públicas que quedaron en ejecución, durante la gestión de Alberto Fernández, contempla obras viales, hidráulicas, universitarias, de transporte, entre otras. Esta cifra no contempla los proyectos habitacionales sin terminar, ya que eso es órbita de la Secretaría de Vivienda.
Los mil proyectos que seguirán paralizados
La posibilidad de financiar obras a cambio de lograr apoyos de cara a la Ley Ómnibus surgió en la reunión que Guillermo Francos, ministro del Interior, mantuvo con mandatarios provinciales del norte. Lo mismo se conversó en el encuentro con gobernadores de Juntos por el Cambio. Pero los números oficiales a los que accedió este medio marcan que pese a esta negociación de la Casa Rosada, miles de proyectos seguirán paralizados.
* Dirección de Obras y Servicios: contabilizó 576 proyectos con un avance físico menor al 70%. Buena parte de estas están en un bajísimo nivel de avance: 212 entre un 0% y 20% de construcción. Hay Centros de Desarrollo Infantil como así también otras Escuelas Técnicas, por citar dos ejemplos.
* Infraestructura del Transporte: 420 obras con porcentajes inferiores al 70% de avance físico.
* Universitarias: 29 iniciativas con bajo nivel de avance.
* Obras Hidráulicas: 46 proyectos con niveles inferiores al 70%.
* Municipales: 11 proyectos en menos del 70% de avance.
* Varios: 5 obras sin terminar entre un 0 y 60 por ciento de avance físico.
La negociación con los gobernadores
Un dato no menor es que entre los proyectos con bajo porcentaje de avance físico hay varios que forman parte del Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación- Argentina Grande, un programa compuesto por 120 obras estratégicas que impulsó la gestión de Alberto Fernández.
Podrían quedar entonces fuera de la negociación proyectos de gran envergadura como la Autopista de la ruta nacional 158 que une San Francisco con Río Cuarto, en Córdoba, la que posee un avance físico del 53%. El proyecto total contempla una inversión de $35.573.539.498 o los trabajos para provisión de agua potable en Paraná, Entre Ríos, que ronda el 30% de progreso y un presupuesto total de casi $8.000 millones.
También integran este listado de obras el acueducto San Javier en Santa Fe, cuyo costo de finalización es de $94 mil millones y solo tiene un 2,41% de avance físico. El propio Maximiliano Pullaro le ofreció al Gobierno reactivar la obra pública bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP).
Hay posturas divididas entre los gobernadores respecto de esa propuesta. Algunos consideran que se deben culminar las obras con alto nivel de avance con una parte de la recaudación del impuesto PAÍS, mientras que otros todavía no tienen una postura al respecto.
Por ahora la Casa Rosada mantiene negociaciones abiertas por la obra pública con Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago Del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Marcelo Orrego (San Juan).
En total son 550 obras paralizadas o con observación administrativa (problemas de redeterminación, fuertes retrasos u otros inconvenientes de contrato). Se trata de proyectos en las que se inyectó mucho dinero y que no se sabe si se van a terminar. Puede decirse que es un problema compartido, ya que si bien el Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de no continuar con los proyectos, muchos en realidad ya estaban frenados en la gestión de Alberto Fernández, en especial durante el 2023, cuando la inflación complicó las actulizaciones de precios.
Entre las obras neutralizadas hay algunas que frenaron su marcha allá por 2021, otras lo hicieron en 2022 y finalmente en 2023 buena parte de estos proyectos se frenaron debido a la alta inflación y los problemas con las redeterminaciones de precios.
Por ahora las Secretarías de Obras Públicas y Vivienda en la gestión de Milei no tienen un rumbo claro. El Presidente celebró como un hito el haber frenado la financiación de proyectos y no está claro cuál será el futuro de esta área. Sin embargo, en la Casa Rosada hay quienes ven en estos proyectos inconclusos una oportunidad para lograr adhesiones en el Congreso.
