Un tribunal ordenó al Estado provincial que le abone la suma de dinero por los daños causados en su propiedad cuando el Salado ingresó a la ciudad
En un fallo histórico, la Justicia de Santa Fe ordenó al Estado provincial que indemnice a un damnificado de la inundación que en 2003 dejó a la zona oeste de la ciudad bajo agua. Se trata de una causa que se tramitó en el fuero civil y que el pasado 30 de abril sentenció a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial a que pague una suma $50.258 por los daños causados en la catástrofe hídrica.
El fallo fue resuelto por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 4 conformado por los jueces María Georgina Rodríguez, Nora Vello y Gabriel Scaglia, luego de un extenso juicio que tuvo su inicio en el 2005 y que surgió cuando Rodolfo Oscar Langhi demandó al Estado provincial por daños y perjuicios ocasionados por el gobierno provincial a raíz del ingreso del río Salado a la capital provincial.
Dichos daños y perjuicios se produjeron en una propiedad ubicada en San Juan 1624, una de las zonas con mayor ingreso de agua el 29 de abril del 2003.
Según explica Uno Santa Fe, la reciente resolución judicial ordenó que el Estado provincial abone la suma de $50.258. En caso de que quede firme y no sea apelado por la parte demanda, no se pagará a valor dólar actual sino en pesos argentinos y contabilizando los intereses desde el día en que el agua dañó la propiedad de Langhi.
En este sentido, el pago deberá aplicar al capital de condena “la tasa activa promedio de la que establece el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos a treinta días, desde el 29 de abril del 2003 (fecha del hecho) y hasta su efectivo pago”.
La suma de dinero tendrá que estar contemplada en el próximo presupuesto del Estado provincial para el 2020.
La flamante resolución dejó sentado además un precedente no solo en la provincia de Santa Fe sino a nivel país. Actualmente, existen alrededor de dos mil personas que demandaron al Estado provincial por los daños ocasionados por la inundación del 2003 y que aún aguardan resolución judicial.
