El pedido lo hizo el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se revoque la prescripción en la investigación de las maniobras por más de 500 millones de dólares que provocaron el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe
El Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de un escrito de apelación presentado el viernes pasado y que lleva la firma del Fiscal Regional, Carlos Arietti, y de los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Nessier, pidió que se revoque la prescripción en la investigación de las maniobras por más de 500 millones de dólares que provocaron el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe.
“Al declarar extinguida la acción penal se impide continuar con la persecución de delitos de extrema gravedad”, afirman los funcionarios del MPA.
El MPA apeló la resolución de primera instancia en la que, por el paso del tiempo, se declaró extinguida la acción penal en la investigación de las maniobras por más de 500 millones de dólares que provocaron el denominado vaciamiento de recursos del Banco Provincial de Santa Fe.
La apelación fue presentada el pasado viernes ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la capital provincial. El documento lleva la firma de la fiscal a cargo de la investigación, Mariela Jiménez, y del fiscal Jorge Nessier. También fue rubricado por el Fiscal Regional, Carlos Arietti.
“La decisión del MPA es investigar las maniobras financieras que se realizaron en lo que era la entidad bancaria estatal de Santa Fe, sin dudas la más importante de toda la provincia y una de las más sólidas del país”, sostuvo la fiscal Jiménez. “Estamos hablando de un vaciamiento de recursos del banco por más de 500 millones de dólares”, agregó.
La funcionaria del MPA señaló que “la resolución que impugnamos causa un gravamen irreparable, de carácter serio, concreto y real”. En tal sentido, subrayó que “al declararse extinguida la acción penal no se pueden seguir investigando delitos de extrema gravedad”.
“Entendemos que la acción penal no está prescripta”, añadió Jiménez. Asimismo, remarcó que “la investigación debe continuar para evitar la impunidad de un sin número de hechos ilícitos que, entre otras cuestiones, podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado”.
Por último, explicó que “en la apelación pedimos que se revoque la resolución que declara extinguida la acción penal y también solicitamos que el tribunal de Alzada que entienda en el tema resuelva el planteo sin reenvío, es decir sin que tenga que realizarse un nuevo juicio o procedimiento”.
Maniobras
“La modalidad delictiva utilizada entre 1983 y 1990 fue el otorgamiento de préstamos de altísimo riesgo, de muy difícil –cuando no imposible– recuperación y sin justificativos razonables a beneficiarios VIP”, precisó la fiscal. Detalló que “también se hizo una transferencia de recursos del banco hacia el gobierno provincial, la cual fue considerada como el ‘golpe de gracia’ a la entidad”.
Por otra parte, la fiscal del MPA indicó que, “como surge de las actuaciones y es de público conocimiento, el 12 de julio de 1991 el banco se privatizó. Es decir, al poco tiempo de la implementación de los préstamos, la entidad se transformó en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria”.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 27 de agosto de 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y por el Banco Central de la República Argentina.
