Fue sin debate previo. Una impide que funcionarios de órganos del MPA, como el propio Sain, puedan desempeñar cargos en otros poderes del Estado. La otra regula el control de fondos reservados a la policía.
Por Martín Sperati
La Legislatura santafesina tuvo un agitado jueves. En el Senado y luego en Diputados sancionaron, con una coordinación asombrosa, dos Leyes que generaron divisiones, fastidios y portazos en la Casa Gris.
Las Leyes fueron direccionadas a Marcelo Saín. Primero sancionaron una ley marco de controles sobre los llamados “gastos reservados” en materia de Seguridad e investigaciones a cargo de efectivos policiales, así como de los fiscales que integran el Ministerio Público de la Acusación.
Luego, siempre sobre tablas, una norma que reforma dos artículos de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (13.013), uno del Servicio Público provincial de la Defensa Pública (13.014) y cinco del Organismo de Investigaciones (13.459).
En ella se ratifica el régimen de incompatibilidades y trata de evitar el paso de personal desde el Poder Ejecutivo a esos cuerpos. “Quieren condicionar la gestión del ministro de Seguridad, Marcelo Saín” disparó el jefe de la bancada justicialista, Leandro Busatto. Sostuvo que “se trata de una maniobra parlamentaria que quebranta los códigos de la Legislatura“.
En tanto, el diputado Pablo Farías dijo que “no es buena la confusión de roles y la ley apunta a clarificar la situación en el órgano que tiene a su cargo la persecución criminal”.
Pero antes, ambos textos fueron rubricados por Armando Traferri, jefe de bloque justicialista en el Senado y 4 de los senadores cercanos a Omar Perotti (Calvo, Lewandowski, Castelló y Kaufmann) pidieron abstenerse de votar, visibilizando el pase de factura a la interna del bloque justicialista.
Más allá del debate caliente que se dio en ambas cámaras, se instala un dilema político para Omar Perotti. Dar luz verde a las leyes implica dejar una posición de fragilidad a sus principales ministros y hacer fuerte al bloque de senadores de su propio partido que ya evidenció diferencias en enero de este año.
Si el gobernador decide por el veto, volverá a tener inconvenientes políticos con legisladores de su espacio que ya mostraron que no se la van a hacer fácil. Hay que ver que decisión toma el Jefe de la Casa Gris: “tiene que ir por el veto firme“, confió una alta fuente a Despacho Digital.