El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la realización de la sexta subasta de bienes recuperados del delito, catalogada como la más grande de la historia provincial. El evento, organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tendrá lugar el próximo 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad capital, con una oferta de 224 lotes que incluyen vehículos, inmuebles y equipamiento tecnológico.
La subasta abarca una amplia variedad de activos, entre ellos 91 motos, 80 automóviles, 40 bicicletas, dos lanchas, una propiedad ubicada en Rosario y 10 máquinas arcade retro. Según explicaron los funcionarios provinciales, los precios base establecidos representan entre un 30% y un 50% del valor de mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía y, fundamentalmente, concretar la política de seguridad que busca desarticular el poder económico de las organizaciones criminales.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó el éxito de esta política pública, recordando que en las cinco ediciones anteriores se han recaudado más de 5.000 millones de pesos. Además, enfatizó la seguridad del proceso: los bienes son desvinculados de sus anteriores dueños mediante bloqueos de dominio y cambio de patente, garantizando que el comprador adquiera el bien sin riesgos legales ni vínculos con el pasado delictivo de la unidad.
Para participar, los interesados deben ser mayores de edad y realizar una inscripción obligatoria antes del 8 de octubre a través del sitio oficial www.santafe.gov.ar/subasta. Este registro es fundamental para que la provincia pueda cruzar datos y asegurar que los participantes no tengan relación con las organizaciones criminales a las que se les incautaron los bienes. Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco lotes.
La exhibición de los bienes se llevará a cabo en la Estación Belgrano durante los días 15 y 16 de octubre, previo al remate oficial. Las autoridades provinciales subrayaron que este mecanismo, ya consolidado en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, permite que los delincuentes permanezcan en las cárceles despojados de sus activos, transformando bienes de origen ilícito en recursos para la seguridad pública.
