Por Martín Sperati
La provincia de Santa Fe se encuentra en pleno debate por una reforma electoral integral impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Los cambios propuestos buscan modificar estructuralmente las reglas de votación para los próximos años, generando un intenso cruce de opiniones entre quienes ven una simplificación del sistema y quienes alertan sobre un intento de concentración de poder.
La iniciativa del gobierno provincial se apoya principalmente en dos modificaciones sustanciales al sistema actual: uno de los puntos es la reducción de boletas y, el aspecto que trae más controversia es la suba de piso electoral al 5%, entre otros.
Quienes defienden la reforma, alineados con el gobernador Pullaro, argumentan que el nuevo diseño es más fácil y rápido para el votante, reduce significativamente los costos de impresión y logística, y aporta mayor gobernabilidad al sistema. Al unificar las categorías provinciales, la figura del candidato a gobernador genera un “efecto arrastre” que dota de mayor fuerza legislativa a su equipo de trabajo, facilitando la gestión posterior.
Por otro lado, sectores de la oposición (como el peronismo y el Frente Amplio por la Soberanía) junto con socios clave del propio frente oficialista (el Partido Socialista) expresan una fuerte resistencia y prefieren mantener las cinco boletas independientes. Sus críticas sostienen que afecta la libertad de expresión y reduce el pluralismo.
Más allá de los vericuetos técnicos de la ingeniería electoral, diversos analistas y actores políticos remarcan que las reglas de juego democráticas no deben ser resueltas a puertas cerradas ni responder a meras especulaciones proselitistas del oficialismo de turno.
Para que la reforma tenga legitimidad a largo plazo, resulta indispensable abrir canales de discusión con el peronismo, el socialismo, los partidos más chicos y las organizaciones de la sociedad civil. En última instancia, la ciudadanía valora y define su voto en función de la gestión, la seguridad y las respuestas concretas, y no por el diseño de los instrumentos de votación. El gobernador Pullaro ya manifestó su intención de promulgar la norma que resulte del consenso legislativo; queda ver si prevalecerá la negociación o la imposición de mayorías.
