La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, defendió el nuevo paquete de reformas de seguridad enviado a la Legislatura por la gestión de Maximiliano Pullaro. La funcionaria vinculó las críticas actuales de sectores de la oposición y la Justicia con las resistencias previas a la ley de narcomenudeo, señalando que los resultados operativos —más de 2.600 allanamientos y 422 detenidos por microtráfico— respaldan la efectividad de la estrategia oficial.
Según Coudannes, las nuevas medidas buscan consolidar herramientas que ya han demostrado una baja histórica en los índices de homicidios en la provincia.
El eje central de esta nueva iniciativa legislativa es la reducción de la burocracia para otorgar mayor celeridad a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público de la Acusación. Entre las propuestas destacadas se encuentra la facultad de que los fiscales ordenen directamente el derribo de puntos de venta de drogas y la ejecución inmediata de allanamientos ante la detención de personas con armas de fuego. El objetivo es intervenir con rapidez para evitar que las organizaciones criminales reorganicen sus estructuras o destruyan material probatorio durante los tiempos de espera judiciales.
En cuanto a la gestión del sistema penitenciario, Coudannes contrastó la situación actual con la administración anterior, subrayando que hoy existe una conducción política clara sobre la Policía. Destacó que, desde el inicio de la gestión, la población carcelaria aumentó en 2.700 detenidos, mientras que el número de presos en comisarías se redujo en más de 400 personas. Estas cifras se enmarcan en un plan estratégico que prevé la creación de 7.000 nuevas plazas penitenciarias para el final del mandato, buscando optimizar el control de los internos.
Finalmente, la funcionaria remarcó que el modelo santafesino ha comenzado a despertar interés internacional, citando la próxima visita de una delegación de Chile para estudiar el sistema carcelario local. Coudannes concluyó que el Gobierno no retrocederá en su agenda de reformas, posicionando a Santa Fe como una referencia regional en la lucha contra el crimen organizado. Con este impulso legislativo, la provincia pretende profundizar el orden operativo y la presencia estatal en el territorio.
