La vocera provincial Virginia Coudannes presentó en Rosario un proyecto de leyes enviado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, orientado a ampliar las herramientas policiales y judiciales para enfrentar el delito. En la conferencia defendió la continuidad de una estrategia de seguridad que, según la administración, logró ordenar la operatividad y reducir los niveles de violencia en la provincia.
Entre las medidas anunciadas se propone habilitar allanamientos automáticos ante la detección de portación ilegal de armas en la vía pública y facultar a fiscales para ordenar la demolición de búnkeres en situaciones excepcionales sin intervención judicial previa. El paquete también incorpora mayor capacidad de inteligencia digital y ciberpatrullaje, con extracción y análisis de datos de dispositivos y cuentas, siempre con autorización judicial.
Coudannes repasó el estado en que, dijo, encontró la provincia en 2023 —con mafias y elevados índices de violencia— y justificó las reformas en términos de planificación, inversión y fortalecimiento policial. Señaló logros concretos vinculados a la ley de desfederalización del narcomenudeo: más de 2.600 allanamientos, 422 condenas y 658 armas secuestradas, a la vez que cuestionó a sectores opositores por no haber priorizado la seguridad en gestiones previas.
La vocera enfatizó que el gobierno no dará marcha atrás: “No vamos a retroceder contra el delito”, afirmó, en alusión tanto a la necesidad de proteger a las víctimas como a la intención de mantener el impulso de las políticas vigentes. En su discurso marcó diferencias con administraciones y referentes anteriores, argumentando que las nuevas normas buscan recuperar la confianza ciudadana en el sistema de respuesta.
Coudannes también vinculó la caída de homicidios con una mejora en indicadores turísticos y económicos: dijo que los homicidios pasaron de 180 en el periodo comparable de 2023 a 54 actualmente y mencionó un incremento del 20% en pernoctaciones en el primer cuatrimestre respecto de 2025. El paquete ahora deberá debatirse en la Legislatura para definir su alcance y forma de aplicación.
