En diálogo con La Primera de la Tarde de Radio 2, el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió el paquete de proyectos de ley vinculados con la seguridad pública impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El funcionario rechazó críticas que tildan las reformas de inconstitucionales, totalitarias o que otorgan “más poder a la Policía”.
Para el ministro, el objetivo de la reforma “es darle más facultades al Estado en la lucha contra el delito. Nos estamos anticipando y queremos que las leyes sean distintas para que el Estado en su conjunto, la Policía, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y los jueces tengan más herramientas para funcionar de manera eficiente y luchar eficazmente contra el delito”, dijo Cococcioni.
Uno de los puntos más polémicos es la habilitación de interrogatorios policiales y declaraciones informativas de la Fiscalía sin presencia obligatoria de defensor. “Interrogar sospechosos, en términos generales, es una actividad normalmente permitida en todos los sistemas de Argentina. En Santa Fe tenemos un sistema de formalización exacerbada en el que, hasta que no se establece la calidad de imputado y se le comunican los hechos, prácticamente no hay posibilidad de entablar ninguna comunicación con la persona sospechada”, explicó el ministro.
Cococcioni justificó la medida destacando su impacto práctico: “Contar con información en los primeros momentos de un hecho puede hacer la diferencia en el esclarecimiento oportuno. Si tenemos que esperar primero a recolectar toda la evidencia para después formalizar una atribución delictual y recién después –si está de acuerdo el imputado– escuchar si tiene algo que decir, es una fuente de información que se pierde”. Agregó que el proyecto no obliga a declarar y que se interrumpe si se solicita un defensor.
Sobre el espionaje digital y otras herramientas, el ministro señaló: “Hoy hay actividades que no están expresamente contempladas, pero que tampoco están prohibidas. (…) Lo que ahora se propone es que, en consonancia con ser la única provincia argentina que tiene una ley de inteligencia, (…) la ley diga: «Esto se puede y esto no»”. Concluyó que la idea general es “amplificar las facultades estatales en la lucha contra el delito, pero también regular expresamente”.
