En mayo de 2027 quedará habilitado en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero el complejo penitenciario conocido como “El Infierno”, una obra provincial que demandó una inversión de más de $143.000 millones y que tendrá capacidad para 1.152 reclusos. El proyecto fue presentado por el gobierno como una respuesta estructural al fenómeno de los presos de alto perfil —narcotraficantes y sicarios— que, según las autoridades, mantuvieron vínculos con organizaciones delictivas desde el interior de otras cárceles.
La infraestructura está pensada para maximizar el control y el aislamiento: celdas individuales de hormigón premoldeado, control permanente por parte del Servicio Penitenciario y la posibilidad de compartir espacios comunes solo en grupos muy reducidos. Además, las visitas se realizarán en boxes con mamparas para evitar el contacto físico directo y así cortar canales de comunicación con el exterior.
El diseño del complejo incluye cuatro módulos, un edificio central de administración, un doble muro perimetral de 1.800 metros y 10 metros de altura, torreones de vigilancia cada 70 metros y una torre principal con visión 360 grados. El proyecto también contempla atención sanitaria intramuros, sala de conferencias y helipuerto, y se desarrollan simultáneamente otras dos cárceles en el mismo predio con capacidad para aproximadamente 1.950 detenidos cada una.
Las autoridades informaron que cerca de 500 presos considerados de mayor peligrosidad serán trasladados al nuevo penal, clasificados en distintos niveles según riesgo y conducta. Según el gobernador, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que combina control penitenciario, tecnología y acción policial con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en las calles al desarticular las redes criminales desde el encierro.
Los funcionarios defienden el proyecto como un modelo penitenciario con proyección regional, afirmando que otras provincias o países podrían tomarlas como referencia ante el aumento de presos de alto perfil en América Latina. No obstante, el anuncio abre el debate sobre el costo público, la eficacia de las políticas de aislamiento y las garantías de derechos dentro del sistema penitenciario, temas que expertos y organismos de derechos humanos suelen señalar como necesarios de monitorear.
