Ante el aumento de fraudes que afectan a viajeros argentinos, la Provincia se posiciona como garante de los derechos turísticos, intensificando mecanismos de prevención y acompañamiento ciudadano.
Se le impusieron tres años de prisión de cumplimiento efectivo y se lo inhabilitó para ejercer su profesión por 10 años. Además, se le ordenó pagar 6.900.000 pesos como reparación del daño causado a las víctimas y hacer una donación a una entidad de bien público.