La agroexportadora que está en cesación de pagos ahora debe responder en Tribunales para evitar la liquidación de sus activos.
Un acreedor de la agroexportadora Vicentin presentó este jueves en un tribunal civil y comercial de Rosario el primer pedido de quiebra de la firma santafesina, que entró en cesación de pagos en diciembre pasado por “estrés financiero”, informaron a Télam fuentes judiciales.
El grupo Gagliardo Agrícola Ganadera (Gagsa) realizó la presentación del pedido de quiebra en el juzgado Civil y Comercial 14 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Quaglia, añadieron los informantes, aunque no trascendió el monto de la deuda.
La cerealera santafesina, que integra el top diez de las empresas agroexportadoras del país, había dejado entrever ayer a través de un comunicado la posibilidad de presentar su concurso de acreedores.
Vicentin entró en cesación de pagos el 5 de diciembre pasado cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones y postergó esos pagos.
A través de un comunicado, la empresa atribuyó el problema a “un tema de liquidez y no patrimonial”.
Luego se conoció que mantiene una deuda financiera por $ 18.300 millones con el Banco Nación y con otras entidades financieras, locales e internacionales.
Fuentes judiciales recordaron a la agencia que se acumularon durante la feria judicial de enero una decena de medidas cautelares contra la agroexportadora impulsadas por acreedores.
La firma Gagsa, que realizó la presentación en Rosario, es una empresa productora de alimentos que pertenece al grupo familiar RJG (Rubén Juan Gagliardo).
“Su producción se centra específicamente en cereales, oleaginosas y ganado bovino y porcino”, informa en su sitio web, donde precisa que explota unas 24.000 hectáreas entre actividades agrícolas y ganaderas.
El 24 de enero pasado Vicentin presentó una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) a sus acreedores para evitar el concurso preventivo de la empresa.
La misma contemplaba la cancelación de la deuda en un solo pago para 1.200 pequeños productores y en hasta ocho años para corredores y acopiadores, mantenía dolarizados los créditos y no establecía quita.
En un comunicado difundido ayer, la empresa nacida hace 90 años en la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe. dio a entender que podría comenzar a desandar el camino del concurso preventivo, al ratificar su intención de realizar acuerdos individuales y colectivos con acreedores “cualquiera sea la figura jurídica aplicable”.
“Todos los esfuerzos de la empresa se encuentran dedicados a alcanzar los objetivos prioritarios que ha hecho saber a los distintos interesados: la defensa de las fuentes de trabajo, la rehabilitación de su actividad productiva, el restablecimiento de su operatoria comercial con sus productores y la reestructuración de su pasivo financiero”, dice el texto.
Desde diciembre, la compañía mantiene paradas sus plantas del Gran Rosario y sus casi 2.000 empleados están suspendidos.
