El edil santafesino analizó algunas acciones concretas que en los últimos tiempos se desarrollaron como políticas de prevención social del delito y la finalización de las mismas.
El último informe del Observatorio Demos arroja datos contundentes y muy preocupantes. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en Santa Fe, la pobreza es del 42,6% lo que representa un total de 226.866 personas pobres en el Gran Santa Fe, con un impacto mayor entre los jóvenes de 15 a 29 años.
Asimismo, y según los últimos informes del Ministerio Público de la Acusación, de los 74 homicidios dolosos ocurridos en el ámbito del departamento la capital, entre el 1 de Enero al 29 de Septiembre, el 63 % de las víctimas son varones jóvenes entre 15 y 29 años. Otro tanto, ocurre con los heridos de armas de fuego, donde casi el 60% de los mismos son jóvenes, varones, en la misma franja etaria, concentrados mayoritariamente en el cordón externo de los distritos Suroeste, Oeste y Noroeste de la Ciudad de Santa Fe. Así lo indica el documento en un fragmento del informe publicado días atrás.
En este Sentido, el Concejal Garibaldi sostiene que “Estos datos demuestran la necesidad de poner urgentemente en marcha Programas como el Inclusion socio-cultural de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. (Juventudes Incluidas) y Programas de Interruptores de Violencia: (“Programa provincial de abordaje territorial e interrupción de procesos de violencias en jóvenes y sus entornos – Llegar a Tiempo”) entre otros, implementados por el Gobierno del Frente Progresista, a la vez que explicita la necesidad de articular junto a las organizaciones sociales, para lograr fortalecer la intervención social en territorios específicos, que permitan implementar ciertos dispositivos que trabajen sobre la violencia, principalmente en los jóvenes”.
POLÍTICAS DE SEGURIDAD
En un contexto social, donde la desigualdad y la crisis económica están presentes, es necesaria la articulación de ciertas políticas de prevención social del delito con otras políticas sociales fundamentales para abordar el crecimiento de los índices de la violencia y el delito. En este sentido, se observa con preocupación el cierre de programas territoriales del Gobierno Provincial, lo que demuestra una débil presencia del estado en materia de promoción y garantías de derechos, discontinuando así dispositivos multiagenciales que estaban en marcha y tenían como objetivo la prevención social del delito.
En general, y atento al crecimiento de los índices de violencia, “creemos que es un desacierto que hoy el Ministerio de Seguridad focalice el abordaje de la problemática desde una mirada estrictamente policial y de control. Se ha quitado de la agenda pública la mirada integral de la seguridad en el trabajo colaborativo con otras instituciones civiles, ONG´S, y la sociedad en su conjunto. Es una realidad, cuando el Estado retrocede, la inseguridad avanza”, concluyó Garibaldi.
