El diputado provincial, Fabián Palo Oliver lanzó duras críticas contra la gestión de Maximiliano Pullaro, denunciando una alarmante falta de institucionalidad en la provincia. El legislador se mostró visiblemente ofuscado por lo que define como una estrategia de “copamiento” del Poder Judicial. Según Palo Oliver, el Ejecutivo santafesino viene forzando designaciones y cambios estructurales para garantizarse una justicia “a medida”, lo que puede representar un retroceso democrático sin precedentes en el territorio santafesino.
En una entrevista con Despacho Play, el legislador cuestionó con firmeza la eliminación del orden de mérito en las designaciones judiciales, alertando que esta medida sepulta la idoneidad objetiva en favor del amiguismo político.
Oliver insistió en que la calidad institucional de la provincia se ha visto manchada por decisiones que priorizan el control político sobre la transparencia, citando como ejemplo el rechazo a juicios políticos contra figuras clave del control estatal, como el presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Biaggioni. “Me lo archivaron diciendo que no había elementos”, recordó.
“¿Porqué no se lo investiga a Biaggioni?”, se preguntó con firmeza: “porque es el jefe del grupo que hace los controles del Estado en todos sus niveles”.
Caso Dolzani
Palo Oliver sumó recientemente una denuncia penal contra el senador Oscar Dolzani, representante del departamento San Javier y aliado al oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe. El diputado acusó a Dolzani de incurrir en negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, al detectar que un corralón de materiales propiedad del senador habría facturado más de 18 millones de pesos a empresas contratistas encargadas de ejecutar obras de defensa costera financiadas por la propia provincia. “No se puede estar de los dos lados del mostrador; es una violación flagrante a la Ley de Ética Pública y a la Constitución Provincial”, disparó el legislador.
“El senador reconoció las ventas en un descargo público, lo que es prácticamente una autoincriminación, y sin embargo el sistema político parece mirar para otro lado”. El diputado insistió en que esta situación refuerza su tesis de que en Santa Fe existe un entramado donde la cercanía con el gobernador Pullaro funciona como un “salvoconducto” para eludir controles éticos básicos.
Según el legislador del Frente Amplio por la Soberanía, la transparencia institucional no será posible mientras se mantengan estos privilegios que permiten a los funcionarios hacer negocios con el Estado que ellos mismos deben fiscalizar.
