El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados alcanza a los efectivos policiales y al servicio penitenciario de la Provincia de Santa Fe.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción a la norma que prohíbe la portación, tenencia, y transporte de armas de fuego a los efectivos de las fuerzas de la policía y el servicio penitenciario provincial, fuera del horario de servicios, que hayan sido denunciados por violencia familiar o de género.
Según un informe de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) del año 2018, uno de cada cinco femicidios son cometidos por personal de las fuerzas de seguridad y con el arma reglamentaria.
Tras este marco, Verónica Benas impulsora de la iniciativa que fue girada al Senado aclaró que la idea de esta ley es “resguardar la integridad física, moral, psicológica de los denunciantes, sea la mujer o la familia, de modo de que un sujeto que ya tiene denuncias concretas radicadas en sede judicial respecto de violencia no tenga la posibilidad, como sí la tiene ahora, de llevar esa arma del Estado a la casa y con esa arma cometer esos delitos”.
“El arma quedaría en la repartición, la policía no tiene la obligación de estar todo el tiempo con el arma reglamentaria, sí cuando está en servicio”, explicó Benas y recordó que en las últimas semanas se conoció el caso de un Comisario del Comando Radioeléctrico de Fray Luis Beltrán que violó a su exnovia y “amenazó de muerte a ella y a la familia con el rango y el arma reglamentaria”.
Media Sanción para el proyecto que establece la restricción para el personal policial y del servicio penitenciario de portar armas reglamentarias fuera de horario de trabajo, a quienes hayan sido denunciados por violencia de género. Iniciativa de @veronicabenas pic.twitter.com/6eKqL19aPS
— Diputados Santa Fe (@diputadossf) November 27, 2019
En el mismo sentido, Rubén Galassi tomó la palabra y propuso que la norma contemple también a los efectivos del Servicio penitenciario de la Provincia de Santa Fe debido a que “los más de dos mil efectivos también llevan sus armas a sus domicilios”.
De sancionarse la ley, la persona denunciada deberá retirar el arma de dotación en el momento de ingreso y entregarla al final de la jornada de trabajo. El levantamiento de la restricción estará sujeto a los informes elaborados por un Equipo de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y, si así lo determina el juez interviniente, también previa realización de un examen de aptitud psicológica por parte del agente denunciado.
