En una sesión conjunta de ambas cámaras parlamentarias, se dio curso al dictamen de suspensión provisoria y rebaja salarial en hasta un 50 por ciento del sueldo del fiscal detenido. La decisión fue unánime.
Desde las 14 horas del viernes 7 de agosto, ha quedado suspendido por tres meses el fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, acusado de cobrar coimas a empresarios del juego y colaborar con integrantes de la banda narcocriminal “Los Monos”.
La suspensión es “preventiva” y “temporal”. Se extiende por 180 días y conlleva según lo que les permite la ley una reducción en su salario del 50% en el ejercicio de su funciones de fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación con sede en Rosario.
La Asamblea no tuvo debate y la vicegobernadora Alejandra Rodenas contó 15 votos afirmativos de la Cámara de Senadores (que tiene 19 miembros) y 48 del mismo tenor de Diputados (de las 50 bancas), sin abstenciones, ni expresiones por la negativa.
Durante la suspensión, el fiscal suspendido tiene prohibido ingresar al ámbito físico del MPA, un detalle relevante, porque sus oficinas –en el marco de la causa judicial en su contra- fueron allanadas.
Gramajo fue el único orador de la sesión conjunta. Destacó la labor de la comisión que preside, de sus empleados y de la auditora del MPA María Cecilia Vranicich. Además, subrayó que el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, expuso el caso el martes 4 de agosto y “fue contundente” respecto de los elementos en contra de su subordinado.
El proceso que le sigue la legislatura se sustanciará en la Comisión de Acuerdos y allí Ponce Asahad podrá ejercer su derecho a la defensa.
