Por Hernán Lascano para La Política Online
Con inusual presencia masiva que buscó ser una manifestación de fuerza, unos doscientos jueces santafesinos se plantaron el viernes pasado en las escalinatas de los Tribunales de Rosario, sublevados en contra de la reforma previsional que intenta Maximiliano Pullaro. Un día antes el gobernador mandó un proyecto a la Legislatura para frenar un imparable déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. El paquete les toca los bolsillos a los empleados públicos, entre ellos a los magistrados, por lo que el sector que es por lejos el mejor remunerado de la administración pública salió a mostrar los dientes.
Los jueces aprovecharon la oportunidad para meter en la bolsa de protestas otros pleitos que tienen con un mandatario que desde su asunción hace siete meses cuestiona al servicio de Justicia y al estatus de los empleados judiciales por sus cargas horarias limitadas y salarios desconectados del resto de la administración. Los cuestionamientos de los jueces pasan por las demoras en cubrir vacantes judiciales que resienten las prestaciones y por lo que perciben un ataque a la independencia de la magistratura por lo que, denuncian, es un ninguneo intolerable del gobierno.
“Esto no es «Resistiré»”, le dijo con jovial firmeza un magistrado a LPO. Se refería a una célebre reunión de jueces que hace 14 años cantaron a voz en cuello esa canción en una celebración de fin de año cuando se había aprobado el cambio del modelo de enjuiciamiento penal en la provincia, lo que originó audibles rezongos en algunos sectores de jueces liderados por el ministro de la Corte provincial Rafael Gutiérrez. “Aquello fue un desafío minoritario a un cambio que el modelo constitucional sin dudas exigía. Esto en cambio es el rechazo generalizado a una ley injusta que limita conquistas gremiales históricas de todos los estatales santafesinos”, distinguió.
El planteo de Pullaro es reducir entre un 20 y 30 por ciento el rojo de la caja jubilatoria santafesina que proyectado a todo 2024 se ubica en los 430 mil millones de pesos. Para eso postula una declaración de emergencia para el régimen previsional de todos los empleados y funcionarios públicos que ya desató anuncios de medidas de fuerza de docentes y las críticas de especialistas en cuestiones jubilatorias.
