Se inició una causa penal que terminará recayendo – por posible excusación de los fiscales de Rosario- en la Fiscalía Regional con sede en Santa Fe.
Con redacción de El Litoral
Matías Edery, uno de los principales fiscales de Rosario dedicados a la investigación de delitos vinculados con el narcotráfico, quedó desde este miércoles en la mira.
Mientras se desarrollaba una de las audiencias por la causa de extorsiones atribuidas a la banda de Los Monos, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno ventilaron una serie de conversaciones entre Edery y Mariana Ortigala, acusada – precisamente- de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero.
En 2021, Edery había puesto en conocimiento de sus superiores que Ortigala estaba dentro de sus informantes. Sin embargo, Socca y Moreno interpretaron que de las conversaciones entre ambos se desprende un intercambio de información que excede la relación tradicional entre investigador e informante puesto que se compartían datos acerca de causas penales en curso.
Sobre esa base, sus propios pares decidieron denunciar penalmente a Edery por la presumible comisión de delitos de acción pública. Según el medio El Litoral, la orden emanada a todos los fiscales de la Regional Rosario es “excusarse” por una cuestión de proximidad con la persona a investigar, por lo que las actuaciones penales serán remitidas a la Fiscalía Regional Nro. 1 con sede en Santa Fe.
Respecto de la figura del “informante”, su uso no está regulado por legislación provincial; para echar mano a esa práctica se apela a la normativa nacional que prevé – incluso- remunerar a quien suministra la información.
Esa zona gris en términos legales llevó a que la semana pasada, la propia Fiscalía General a cargo desde hace cinco meses de María Cecilia Vranicich, emitiera una circular solicitando que los fiscales de la provincia se abstuviesen de utilizar dicha herramienta para sus investigaciones.
Consumado el hecho de la difusión de los diálogos que comprometerían a Edery y que derivaron en la denuncia penal, también se activaron los procedimientos internos de investigación dentro de la propia institución.
De inmediato, tomó intervención el auditor del MPA, Leandro Mai, quien deberá emitir un dictamen al respecto. Pero sus facultados son acotadas en cuanto a la eventual sanción, en caso de constatarse que Edery haya incurrido en una falta grave, cuya sanción supere los dos meses de suspensión.
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Por eso, es una hipótesis firme que Mai decida inhibirse para darle intervención directa a la Legislatura, órgano que sí cuenta con potestad plena tanto para iniciar un proceso disciplinario como para aplicar hasta la máxima sanción posible (destitución).
En las últimas horas, el propio Edery habló con la prensa sobre lo ocurrido y sobre su vínculo con Ortigala. “Ella nos pasaba cierta información que nosotros corroborábamos cuando tenía cierta entidad pero eran cuestiones muy difusas; por eso le dábamos poca entidad a sus comunicaciones”.
El fiscal objetó la actitud de sus pares y consideró que “ventilar estas cuestiones como lo de una persona que pasa información en el marco de una audiencia pública es un acto de irresponsabilidad, porque como Estado debemos proteger a esa persona que está brindando datos, al margen que haya cometido delitos”.
“Ventilar eso en la audiencia – advirtió- casi le cuesta la vida a una persona y también amenazas a mí. Hay que ser responsables. Tenían una orden de omitir vincular esta información porque me ponían en riesgo a mí, a la persona que está presa y a la sociedad. Ellos incumplieron esa orden con mucha irresponsabilidad, poniéndonos en riesgo“, concluyó.
