Lo detectó la Justicia Federal venadense al escucharlo hablar con un dealer al que estaban siguiendo.
Un fiscal de Venado Tuerto, Santa Fe, fue apartado de ciertas funciones bajo la sospecha de tener una relación inaceptable para su cargo con un hombre investigado por venta de estupefacientes, circunstancia que tiene además apariencia de implicar un delito.
Los detalles del caso fueron elevados a la Legislatura provincial para que se determine si los hechos ameritan una suspensión por 180 días del funcionario, su remoción definitiva del puesto o bien si el trámite investigativo queda a cargo de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo que implicaría una perspectiva más favorable para el funcionario.
El involucrado en el hecho denunciado es el fiscal adjunto Mauro Blanco. Durante una pesquisa del fiscal federal Javier Arzubi Calvo en Venado Tuerto se determinó que en escuchas telefónicas surgían conversaciones entre David R., sospechado de ser vendedor de drogas, con el fiscal Blanco.
Esas escuchas motivaron seguimientos policiales a la casa del dealer investigado, donde se observó la llegada de un hombre con las características físicas de Blanco, en un vehículo oficial del MPA, señaló el diario La Capital.
En ese mismo domicilio luego se practicó un allanamiento con orden de la Justicia Federal donde se secuestraron varias armas de fuego, una balanza de precisión y plantas de marihuana.
Información irregular
Las escuchas a la línea de David R. sugieren la idea de que este hombre suministraba alguna de las sustancias que vendía al fiscal Blanco. Esto que podría indicar una situación de consumo no es para la auditoría el punto más serio aunque el comercio de drogas sea una situación prohibida por la ley y Blanco es un funcionario público.
El problema más destacado en el reporte a la Legislatura es que el fiscal habría utilizado información suministrada por el dealer para avanzar con medidas de búsqueda de armas de fuego, a raíz de un caso de robo de una camioneta con la privación de la libertad para su dueño. Lo que estiman los investigadores que decidieron separarlo de su cargo es que Blanco no asentó el origen de esa información en ningún lado, no pidió a un juez una orden de allanamiento y avanzó en su lugar con una modalidad llamada “registro domiciliario voluntario” para buscar esclarecer ese presunto delito.
Esto fue considerado desde la Auditoría General de Gestión encabezada por María Cecilia Vranicich como un acto inaceptable, una conducta que supone un probable mal desempeño del fiscal e incluso un delito. El efecto en este caso es que un delincuente investigado por la Justicia Federal se transforma en el informante principal de un procedimiento del MPA que encabeza el fiscal Blanco. Lo que supone que una persona al margen de la ley termina manejando actos de persecución de un ilícito.
