El ex ministro de Seguridad desconoció haber cometido delitos. Le imputaron sustraer fondos reservados y promover tratos vejatorios a detenidos.
El ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain fue imputado este martes por liderar una asociación ilícita dedicada a receptar en forma indebida de información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales, una acción que según los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg está prohibida por la actual ley nacional de Inteligencia, y que tanto el ex funcionario como sus colaboradores que también afrontarán la acusación niegan haber realizado.
La circunstancia de la imputación tiene fuertes derivaciones legales pero también políticas. Se dan circunstancias remarcables como que el gobierno de Santa Fe, de quien Sain era parte, se presenta en esta causa en su contra como querellante a través del fiscal de Estado, Rubén Weder. Las imputaciones implican hacer inteligencia ilegal sobre empresarios, gremialistas, legisladores, funcionarios judiciales y policiales, abogados, militantes sociales y periodistas.
Pero también se desplegaron contra Sain otros delitos: sustraer indebidamente y en provecho propio fondos reservados, dar órdenes para inferir malos tratos a personas detenidas, violación de la ley de Inteligencia, abuso de autoridad y violar la ley de secreto. Por todos estos delitos, los fiscales podrían pedir en la audiencia venidera su prisión preventiva.
En el primer tramo de la audiencia, que se desarrolló en la sede de la Fiscalía en Santa Fe, estuvieron tres imputados: Sain, el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y María Agustina Moulins que fue empleada en esa cartera. Se desarrolló por zoom y sin la presencia de un juez, dado que hoy no se pedirán medidas cautelares, es decir, restrictivas de la libertad o sanciones económicas.
Los demás imputados, cinco en total, comparecieron después. En su descargo por zoom Sain desconoció haber cometido delitos. Sostuvo que el tipo de acciones que le reprochan se realizaban rutinariamente durante la gestión de su predecesor en el Ministerio de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que es uno de los querellantes en este caso. Según personas que tuvieron acceso a la audiencia, Sain sostuvo además que todo lo que se hacía en su gestión estaba en conocimiento del gobernador Omar Perotti y que tiene audios grabados que así lo demuestran.
Lo que le atribuyen al grupo acusado en conjunto es haber diseñado, puesto en funcionamiento y sostener un sistema para cometer y permitir delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados.
Los fiscales dijeron que esa agrupación ilegal funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021. Que era una organización de estructura piramidal que era encabezada por Sain como jefe, seguido por la directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman como organizadora en el Ministerio de Seguridad y la ex directora de Inteligencia del OI Débora Cotichini también como organizadora. Germán Montenegro, el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez, las empleadas Milagros Bernard y Agustina Moulins fueron imputados en carácter de miembros.
Las actividades, afirmaron los acusadores, implicaron coordinar, articular y gestionar alianzas entre entre funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo provincial y al Poder Judicial, específicamente el OI. Todas estas acciones fueron según los fiscales posibilitadas por funcionarios de rangos superiores que por sus trayectorias laborales y por sus relaciones de amistad consolidaron vínculos con grupos de menor jerarquía.
A Sain los fiscales le imputan haber dispuesto tanto como ministro de Seguridad como director del OI, de los medios por los cuales la asociación ilícita ejecutó sus planes ilegales con las personas a las que se les pedían tareas ilegales de inteligencia y recopilación de datos, disposición de los recursos, instalaciones y herramientas de trabajo del Ministerio de Seguridad y OI, con claves que fueron solicitadas a distintos organismos públicos y privados.
¿Cuáles eran estas actividades? De acuerdo a los fiscales, dictaban a sabiendas órdenes ilícitas para que sus colaboradores obtuvieran información, las registren y sistematicen en informes de inteligencia sobre personas por el solo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias, pertenencia a organizaciones lícitas u otras actividades lícitas. A esos informes los llamaban “perfiles”.
Entre las personas perfiladas estuvieron el diputado provincial Pullaro, la fiscal Georgina Pairola, el diputado Julián Galdeano, los abogados José Alcácer, Adrián Martínez, Gustavo Peirone, Paul Krupnik, Carlos Varela y sus hijos. Asimismo, los empresarios de medios periodísticos Gustavo Scaglione y Nahuel Caputo, el empresario de la salud Roberto Villavicencio, el secretario general de UPCN Jorge Ernesto Molina.
Asimismo, de acuerdo al planteo de los fiscales Sain instruyó perfilar a los jefes policiales Hugo Tognoli, Cristian Sola, José Luis Romiti, Omar Odriozola, Raúl Ardiles, Rafael Grau y José Luis Amaya entre otros.
Los fiscales indican que los involucrados enmascaraban la ilicitud de la actividad desplegada para que empleados del Ministerio de Seguridad y del OI a quienes encomendaban desconocer la arbitrariedad e ilegalidad de sus órdenes. Para ello dificultaban las comunicaciones entre sí, centralizaban por sí mismas toda la información e impedían a los empleados y analistas que se comuniquen directamente con fiscales del MPA.
Indicaron que obtenían por sí mismos información, registros y evidencias provenientes de causas penales con trámite en el MPA y en la Justicia federal gracias a sus relaciones personales con distintos funcionarios. Y que revelaban a los demás integrantes de la asociación ilícita y divulgaban en medios de comunicación la información producida, ya sea en causas penales o por medio de las maniobras de inteligencia ilegal, violando el deber de mantener en secreto las investigaciones penales como la reserva debida de toda actividad de inteligencia.
Un segundo delito atribuido por los fiscales a Sain es por haber realizado seis acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25520, consistentes en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el solo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.
Con esas acciones, a las que nunca en audiencia se las llamó espionaje, los fiscales sostuvieron que los acusados procuraron influir en la situación institucional, política, policial y social de la provincia, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en agrupaciones, al margen de la legalidad de la inteligencia criminal. A su vez, divulgaron información reservada adquirida en esas funciones sin que medie orden judicial.
Otros hechos imputados a Sain se relacionan con ordenar y consentir la vulneración de derechos humanos por parte de miembros de fuerzas de seguridad. Los fiscales consignan que al tomar conocimiento de la detención del acusado de homicidio del ex futbolista Tomás Carlovich dictó a sabiendas una orden contraria al derecho al instruir a Maximiliano Bertolotti (entonces Jefe de la AIC) a que lo sometan a tortura o vejaciones. Y que dos subordinados estuvieron en el acatamiento de la orden sin cuestionarla.
También se le imputó a Sain, Shujman y Diego Rodríguez haber sustraído dinero de la partida de gastos reservados destinados a la Agencia de Control Policial. Según los fiscales, eso se hacía ordenando a dos funcionarios que alrededor del 20 de cada mes retiren del banco el dinero asignado a tal partida para luego repartirse entre Sain, Schujman y Rodríguez parte del mismo.
Asimismo, otro ilícito imputado a todos los acusados de asociación ilícita fue la destrucción de todos los documentos existentes en las oficinas en el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones y el borrado de información de teléfonos y computadoras, documentos que según los fiscales era objetos de prueba que fueron confiados a su custodia en el carácter de funcionarios públicos
La audiencia imputativa se concreta finalmente a más de un año de que una serie de allanamientos en la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario generaran la publicidad de que existía una investigación en trámite de parte de los dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. Lo prolongado de la pesquisa sin llevar a los imputados a audiencia fue motivo de crítica para los fiscales. Estos alegaron que la complejidad del caso los forzó a dilatar el llamado a imputación: adujeron que la evidencia a procesar era mucha, que se debían establecer si las más de mil personas perfiladas estaban sujetas a alguna investigación fiscal que volviera aceptable que fueran investigadas y que la prueba de relevancia no cesaba de aumentar.
Entre los querellantes también figuran además el sindicato UPCN representado por el abogado Alfonso Garrone. La abogada Evelyn Andriozzi que se representa a sí misma. El empresario de medios periodísticos Gustavo Scaglione representado por Viviana Cosentino. El diputado provincial Maximiliano Pullaro representado por Pablo Cococcioni y el abogado Jorge Bedouret quien estará patrocinado por Pablo Bedouret y Bárbara Reynoso
