Investigan a los directivos por créditos del banco ING y administración fraudulenta en la compra de granos.
Seis meses después de la acusación por estafa contra 14 directivos de Vicentin, este lunes se abrió un nuevo capítulo judicial en torno a la crisis de la agroexportadora. A la causa se sumaron imputados de la empresa y de Renova, ya que la Fiscalía Regional de Rosario recogió nuevas denuncias contra la compañía de Avellaneda y la firma que controló hasta que llegó el default.
Durante la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal se trataron tres episodios diferentes. La primera involucra al banco ING, que supo otorgarle dos créditos a la cerealera y espera cobrar una deuda reconocida de 78 millones de dólares.
Según la evidencia que recabó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vicentin frustró el pago del dinero que la entidad extranjera le había prestado para el prefinanciamiento de exportaciones. Bajo esa hipótesis imputaron como coautores de desbaratamiento de derechos acordados al apoderado Miguel Víctor Vallazza y al entonces vicepresidente Alberto Julián Macua.
El fiscal Sebastián Narvaja señaló que ambos directivos cerraron un contrato para que Cargill le abonara directamente a BAF Latam Trade Finance Fund el monto correspondiente a una entrega de granos. Este acuerdo se firmó el 4 de diciembre de 2019.
Un par de semanas antes se había vencido el plazo para devolverle 10 millones de dólares a ING y la firma sólo transfirió 2.003.718 en moneda estadounidense. El banco intentó saldar la deuda mediante una instrucción irrevocable de pago, un documento anterior que lo habilitaba a cobrarle directamente al exportador. Sin embargo, llegaron un día tarde, el 5 de diciembre del mismo año.
La deuda de Vicentin con el banco Macro
Por otra parte, el MPA presentó nuevas acusaciones en relación a una deuda de 508 millones de pesos con el Banco Macro. En este caso se planteó que Vicentin tomó dos créditos por ese momento en septiembre de 2019 y accedió al capital gracias a la presentación de “documentación contable falsa”.
“Vallazza tenía un profundo conocimiento de la situación real de la empresa”, planteó Narvaja ante el juez Román Lanzón. Según el fiscal Miguel Moreno, la agroexportadora venía ocultando su decadencia económica y financiera desde 2017.
Respecto de esta situación, Vallazza quedó imputado como coautor de estafa junto a Javier Fernando Gazze, representante legal de Vicentin.
Renova y la denuncia de administración fraudulenta
La tercera denuncia que se trató en el Centro de Justicia Penal de Rosario fue presentada por Commodities S. A. ante el MPA. La firma perteneciente al Grupo Grassi planteó que la agroexportadora fundada en Avellaneda se quedó con 55.000 toneladas de soja de manera ilegal.
A la hora de rastrear las cartas de cesión y transferencia firmadas desde 2018 hasta fines de 2019, el fiscal Narvaja determinó que el corre acopio depositó 500.785.660 kilos de cereal en las instalaciones del complejo que también poseía el Grupo Glencore. En el mismo período le vendió a Vicentin 445.177.570 kg de granos, lo que equivale a la carga de más de 13 mil camiones.
Por esta diferencia imputaron por administración fradulenta a cuatro personas que entonces ocupaban altos cargos en Renova: el presidente Eduardo Gancberg, el vicepresidente Diego Fernando Mejuto, y los directores titulares Daniel Pájaro y Daniel Buyatti.
El mismo delito le atribuyeron a una decena de acusados vinculados a Vicentin: Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Omar Adolfo Scarel. Todos son considerados coautores.
Al cabo de la audiencia, el juez Lanzón extendió la prohibición de salir del país a los nuevos imputados que rige desde octubre de 2021. No obstante, desestimó el pedido de una caución de 421.908 dólares para Gancberg y Pájaro.
Con redacción de VíaPaís
