El flamante jefe del bloque de senadores del radicalismo piensa que la agenda de la Legislatura debe hacerse cargo de las demandas sociales frente a la inseguridad. Plantea una agenda para 2022 con foco en el servicio de justicia.
Por Luis Rodrigo para El Litoral
Lo dijo antes de asumir la jefatura del bloque de senadores del radicalismo: para Lisandro Enrico, en 2022 la Legislatura debe “saldar una deuda” con la sociedad en materia de reformas al proceso penal santafesino, para hacerlo más eficiente frente a la inseguridad. Y también para resolver situaciones que requieren de un nuevo marco legal, como los juicios en los que están involucrados menores de edad.
Cuando se reanudaron las sesiones ordinarias y aún no había sido anunciado el cambio de responsabilidades en la bancada radical, el senador por General López dijo que ya llevaba unos ocho años la “gran deuda” de los dirigentes políticos con los santafesinos,
Entonces anunció su decisión de volver a presentar su propuesta para hacer modificaciones al Código Procesal Penal de la Provincia. Advierte que se debe “corregir un desajuste de efectividad” con la adecuación en cuanto a los “plazos y procedimientos”. Puso el acento en lo que muestran las estadísticas del informe anual que presentó el Ministerio Público de la Acusación, donde los juicios abreviados son cada vez más (lo que supone una negociación entre victimario y víctima que no siempre resulta en mejores condiciones para combatir la inseguridad porque se acuerdan penas menores a las del Código Penal) y la todavía elevada proporción de casos en los que los condenados obtienen la prisión domiciliaria. Enrico piensa que esas medidas (enviar a un recluso a cumplir su pena a su casa) debería ser de excepción, reproche que -según sus palabras- cabe tanto para los fiscales que la piden como para los jueces que la otorgan.
El proyecto contempla la idea de que los jueces de segunda instancia, de ser necesario, asuman funciones de jueces de primera instancia para no demorar el proceso penal.
En cinco artículos, plantea modificaciones a cómo deben moverse las partes en el Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, al modificar su Código de Procedimiento.
El expediente que Enrico puso otra vez en agenda fue votado por sus pares por unanimidad en 2019 y se reclamó su tratamiento en extraordinarias al año siguiente, hasta que finalmente perdió estado parlamentario.
Recientemente “se han reconocido por impulso del Poder Ejecutivo reformas al Código Procesal Penal santafesino, así como también se logró la ansiada adecuación a derecho y con anclaje acusatorio del nuevo proceso contravencional o de faltas, ahora denominado Código de Convivencia. También, una reforma al sistema dotando de mayor capacidad al Ministerio Público de la Acusación (MPA)”, reconoció Enrico.
El juicio a menores
Enrico, por otra parte, consideró una novedad importante que el Poder Ejecutivo haya anunciado el envío a las Cámaras del Código Procesal Penal Juvenil. Citó el discurso del gobernador Omar Perotti y recordó que se trata de la iniciativa que varias veces logró media sanción del Senado y no tuvo la misma suerte en Diputados. (En ese tema hasta en el título de la norma hay diferencias entre las Cámaras hasta ahora). Para el senador la cuestión debe resolverse sin demoras porque se debe dar posibilidad de un proceso penal oral a los menores de edad,
Víctimas
En cuanto a la llamada “Ley de Víctimas” dijo que en pocas palabras “es ponernos por fin en ese lugar, el de las víctimas de los delitos, proteger también sus derechos.
Recordó que el proyecto llegó al Senado a dos meses de caducar y finalmente eso ocurrió, tras un extenso debate en Diputados. Informó que ahora hubo reuniones con entidades y personalidades del derecho de Santa Fe y de Rosario y “nos hemos comprometido a tratar un nuevo proyecto que brinde garantías a las víctimas, porque muchas veces en algunas visiones se han exacerbando las garantías a favor de los acusados”, sostuvo.
Narcomenudeo
Recordó que la agenda de temas vinculados a la actuación de la justicia en Santa Fe se completa con el mensaje de la Casa Gris para que “la portación de armas de fuego no pueda terminar en una prisión domiciliaria”. Mencionó que a ese texto ya lo trató y lo modificó Diputados y que hoy “está aquí en el Senado”.
“Este año tenemos que dar esos debates”, dijo el senador que además es partidario -desde hace años- de que la justicia provincial asuma la persecución penal de los delitos caracterizados como de narcomenudeo, es decir, el tráfico de drogas en pequeñas cantidades que “ya no es un delito extraordinario que merezca que se haga cargo la Justicia Federal”.
