El gobierno santafesino busca el aval para obtener endeudamiento internacional para el desarrollo de la obra pública.
Por Cristian Riom y Martín Sperati
La Cámara alta santafesina aprobó dos proyectos impulsados por el gobierno de Santa Fe para tomar deuda, con el fin de ejecutar obra pública. En uno de los mensajes se solicita autorización para tomar un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 150 millones de dólares para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.
Además, se habilitó al gobierno provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 1.000 millones de dólares, con el objeto de “financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la administración provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el gobierno de la provincia de Santa Fe”.
La provincia de Santa Fe ha tenido una historia financiera y económica compleja, con varios empréstitos internacionales a lo largo del tiempo. Éstos tuvieron un rol central en el desarrollo de la estructura ferroviaria y vial, vital para la economía provincial y nacional de fines del siglo XIX y principios del XX. La inserción internacional de la Argentina como productora y proveedora de materias primas en la división internacional del trabajo, requería una gran inversión para la creación de la infraestructura. Es así que el aprovechamiento del capital internacional para el desarrollo regional fue clave en el crecimiento de la provincia y de la nación.
Pero no todos los empréstitos son iguales ni tienen los mismos riesgos, en las últimas décadas podemos destacar la llegada de financiamiento por parte del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (FKDEA) (una agencia estatal de Kuwait, surgida en 1961 con el objetivo de asistir a países en desarrollo) para la construcción de la red provincial de acueductos o los aportes de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) para la restauración edilicia en la ciudad de Santa Fe o la refuncionalización de la Granja La Esmeralda por destacar un par de ejemplos.
Ahora, la emisión de deuda pública a través de bonos colocados en el mercado internacional presenta algunos probables escenarios a futuro de incertidumbre. Los argentinos hemos sabido muy bien el accionar de los llamados “fondos buitres”, usureros que buscan intervenir en los procesos de reestructuración de las deudas invirtiendo escaso capital y obteniendo ganancias exponenciales con la connivencia de tribunales extranjeros.
¿Se puede prever esos escenarios y mitigar los efectos? Claramente es posible utilizando algunas herramientas como
• Cláusulas de acción colectiva (CACs): Incorporar cláusulas en los contratos de emisión de bonos que obliguen a una mayoría de los acreedores a aceptar una reestructuración, evitando que los fondos buitres bloqueen el proceso.
• Elección de jurisdicción: Emitir deuda bajo jurisdicción nacional o en lugares que han demostrado ser menos favorables a las demandas de estos fondos, como Londres en lugar de Nueva York.
• Uso de cláusulas “pari passu” adecuadas.
Entendemos que la deuda será colocada en EEUU por lo cual al menos una de estas herramientas para proteger a la provincia, ya no la tendremos.
El gobernador expresó “Si las condiciones no son las que entendemos que son las mejores para la provincia, no vamos a tomar el crédito”, esto lo debemos entender como que la ciudadanía debe confiar en el buen criterio de la gestión provincial, una especie de “cheque en blanco”.
Tiene que quedar en claro que creemos absolutamente favorable buscar fondos en el exterior que el gobierno nacional de Javier Milei niega sistemáticamente para la construcción o reconstrucción de la infraestructura provincial pero debemos ser responsables en la búsqueda de soluciones y no ganar futuros problemas que podrían recaer en todos nosotros.
