Empleados públicos santafesinos deberán rendir exámenes para renovar contratos

Empleados públicos santafesinos deberán rendir exámenes para renovar contratos

El test abarca comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y leyes de administración pública.

A partir de diciembre se comenzó a tomar exámenes de idoneidad a más de 40.000 empleados públicos en todo el país cuyos contratos vencen el último día del año. Para que sus contratos sean renovados, deberán demostrar sus capacidades en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y en leyes de administración pública.

Es decir, el examen no contempla preguntas con relación al funcionamiento de la administración pública o sobre funciones y desempeños específicos.


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En Buenos Aires las evaluaciones ya empezaron a tomarse, aunque en el interior destacan que no hay precisiones sobre cuándo se llevarán a cabo. El examen está planteado en un inciso de la ley Bases como condición sine qua non para renovar los contratos en esta modalidad.

ATE Santa Fe afirmó que “son unos 2.000 los trabajadores que deberán pasar el examen en la provincia”.


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CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN

La “Evaluación General de Conocimientos y Competencias” será obligatoria, aunque no vinculante para el ingreso; presencial y anónima, con preguntas de opción múltiple; de una hora de duración y con un puntaje máximo de 100 puntos (se aprueba con 60).

Los trabajadores tendrán tres intentos para aprobar. Si reprueban, deberán solicitar un nuevo turno y realizar nuevamente el examen. Habrá tres tipos de evaluaciones según el perfil del empleado: servicios generales, administrativos y profesionales.

Cada prueba incluirá:

Comprensión lectora: dirigida a todos los perfiles, con ejercicios que evalúan la interpretación de textos.
Razonamiento lógico-matemático: incluye cálculos básicos, probabilidades y análisis de gráficos.
Administración pública: exclusivo para administrativos y profesionales, con preguntas sobre derechos cívicos y leyes como el Código Electoral, la ley de ética pública y la ley de procedimientos administrativos.